Aún no hay una declaración oficial, pero se prevé que en cuestión de días el presidente López Obrador declare área natural protegida un predio en el que operaba la empresa estadounidense Vulcan Materials, que mantiene una batalla con el gobierno en una corte internacional y que podría desatar otro episodio de tensión con Washington. 

El tema está en conversación en Palacio Nacional, donde evalúan que la expropiación puede servir para movilizar al voto morenista, igual que en ese sentido funciona la confrontación del presidente con el magnate Ricardo Salinas Pliego. Hoy por hoy, en el entorno presidencial este cálculo está por encima de cualquier efecto colateral.

La medida impedirá que la firma estadounidense siga explotando un banco de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, pero no significará el fin de los conflictos, pues se prevé que la empresa abra otro frente legal y genere nuevas tensiones en el mercado.

El pasado martes la agencia Bloomberg informó que tras años de negociar y un litigio abierto en el CIADI por parte de la empresa contra México, el gobierno mexicano ya alista el decreto para que el terreno sea área natural protegida. Hasta el momento, el oficialismo no ha dado ninguna declaración al respecto.

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Es una amenaza que López Obrador hacía desde 2023, a la vez que negociaba la compra de los terrenos de 2,400 kilómetros de la mina Calica, por los cuales ofreció pagar entre 6 y 7 mil millones de pesos, una cantidad muy menor frente a los 1,500 millones de dólares que pide la empresa por indemnización.

En diálogo con LPO, Oscar Ocampo, especialista del IMCO, consideró que de materializarse el decreto de López Obrador sobre los terrenos de Calica se podría esperar que la empresa abriera un nuevo frente legal, recordando que actualmente Vulcan tiene un litigio ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por temas medioambientales.

"Todo dependerá de la compensación que ofrezca el gobierno mexicano. Sí es menor a lo que exige la empresa, es posible que busque recurrir a alguna corte internacional para pelear por esta expropiación", consideró el especialista, quien recordó que el presidente aseguró que no está dispuesto a pagar más de 7 mil millones de pesos.

"De ser así, la empresa probablemente buscará una compensación ante un arbitraje internacional, pero aún tenemos que esperar a conocer los detalles de ese decreto", dijo el especialista.

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La firma tiene varios órganos a los que puede recurrir como es el de Washington, Londres o París, ya que este tema en particular no amerita un arbitraje en el marco del T-MEC, según explicó el especialista.

Aún así, para Sergio Garduño, especialista de Consultores Internacionales, podría dejar un mal precedente en donde no pierde de vista que vendrá una renegociación del acuerdo comercial trilateral en 2026. "Esta decisión podría ser muy m al visto por inversionistas, aunque no es algo que no se pueda hacer", señaló.