Una vez cerrada la venta de sus 13 plantas al gobierno de la 4T, ahora Iberdrola afina los detalles de la operación, entre ellos ya estima el cobro de 250 millones de dólares por el traspaso de know-how, es decir, todo el conocimiento, habilidades y estrategias para su operación.

Una fuente que tiene conocimiento de la operación explicó a LPO que este pago se prevé que le corresponda directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es un cobro adicional al costo de la compra-venta que fue de 684 millones y que además, no pagó el gobierno en su totalidad, sino a través de un fondo que se nutre tanto de recursos públicos como privados.

Cuando a inicios de marzo se concretó la compra-venta de estas plantas, tras ocho meses de cerrar el acuerdo, aún quedaron dudas en el mercado sobre el alcance de este negocio, en particular, si CFE podría quedarse con la operación, algo que ya se veía complicado ante la falta de experiencia técnica y operativa por parte de la Comisión que dirige Manuel Barlett.

Por su parte, Cofece condicionó esta operación a que las plantas de generación deberían operar de manera independiente en el mercado, de forma que se evitaran intercambios de información sensible o estratégica entre competidores. De esa forma, será el mismo fondo de inversión Infraestructure Partners (MIP) -encargado de pagar la compra de las plantas) quien se hará cargo de la operación.

En el sector energético todavía quedan dudas sobre el negocio entre la CFE e Iberdrola

Vale agregar que en este fondo participan figuras que fueron parte del equipo económico del expresidente Felipe Calderón.

De acuerdo con la misma fuente, Iberdrola calcula que le tomará entre dos y tres años hacer el traspaso de todo el conocimiento y estrategias para llevar a cabo la operación y el mantenimiento de las plantas.

Cuando el gobierno anunció esta operación de adquisición de 12 instalaciones de ciclos combinados de gas y vapor y la planta eólica La Venta III, aseguró que era un paso más a la soberanía energética y el fortalecimiento de la CFE, e incluso lo consideró como una "nacionalización", lo cual pronto se aclaró que también entrarían recursos privados.

Para el gobierno se trata de activos muy valiosos para la visión estratégica del mercado eléctrico: aseguran que sumará capacidad de generación energética de manera más rápida, ya que construir este tipo de plantas puede demorar hasta cinco años. Un discurso alentador en medio del entusiasmo que genera el nearshoring, donde una de las mayores demandas es precisamente la generación y distribución de energía.