Arturo Zaldívar, un exitoso abogado corporativo, llegó a la Suprema Corte de Justicia con el respaldo de Margarita Zavala, la esposa del entonces presidente Felipe Calderón, y comenzó a tomar posiciones y elaborar dictámenes que fueron llamando la atención por análisis objetivo, que como si fuera una ley física, caía en contra de acciones que caían en el campo de responsabilidad del Ejecutivo. Pero Zaldívar era un hombre de poder, y así se comportó durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, donde construyó el argumento mediático, que no legal, del efecto corruptor, que allanó la salida de la cárcel de Florence Cassez, que había sido sentenciada por secuestro.

Zaldívar fue reclutado por Julio Scherer meses antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia y él su consejero jurídico, y lo placeó para ganar adeptos y buena prensa y llegara a la titularidad máxima del Poder Judicial. Un mes después del cambio de gobierno, Zaldívar fue electo presidente de la Corte, desde donde sirvió a los intereses de Scherer y de López Obrador. El inteligente abogado siempre negó estar subordinado a ellos y menos aún favorecerlos, conteniendo las críticas que navegaban en el campo de las percepciones, pese a que había señalamientos claros pero anónimos, devastadores pero sin pruebas disponibles, que le permitieron salir avante y hacia arriba.

No pudo, pese al impulso que le dio López Obrador, lograr la reelección en el cargo, porque era ilegal, y ante el ostracismo al que fue sometido durante meses tras la llegada de Norma Piña a la Presidencia de la Corte, con tantas facturas pendientes dentro del Poder Judicial, se retiró un año antes de terminar su periodo para incorporarse de lleno al proyecto de continuidad de López Obrador encarnado en la candidata Claudia Sheinbaum, a donde lo enviaron como el experto en temas judiciales y convirtieron, por sus recursos dialécticos, en uno de sus voceros más beligerantes, belicosos y, a la vez, polarizadores.

Durante más de un año lo investigaron luego que se presentó una denuncia anónima de 32 páginas con un detalle asombroso sobre Zaldívar y sus operadores dentro del Poder Judicial, que guardó con recelo la ministra Piña hasta hace tres días, cuando Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, abrió con su aval una investigación institucional sobre Zaldívar y quienes lo acompañaron en el proceso de "vulnerar la autonomía e independencia" del Poder Judicial, "con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros".

Los intereses de terceros que presuntamente benefició, son fundamentalmente del presidente López Obrador, que públicamente se quejó y denunció políticamente a jueces y magistrados que otorgaron amparos que frenaron y retrasaron sus megaobras. A través de Carlos Alpízar, en ese entonces secretario general del Consejo de la Judicatura y actualmente alto funcionario en la Secretaría de Gobernación, Zaldívar amenazó con procesos penales y administrativos, de acuerdo a la denuncia, a:

*Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, los jueces que otorgaron amparos contra la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica promovida por el presidente. Ninguno de los dos reculó ante la presión.

*Jorge Arturo Camero y Amparo Hernández Chong, magistrados que fueron amenazados personal y telefónicamente con inicio de procedimientos, readscripciones, suspensiones e inhabilitaciones, por los amparos concedidos en la construcción del aeropuerto "Felipe Ángeles" y la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Tampoco recularon.

*Adrián Fernando Novelo, que otorgó amparos en el Tren Maya y contra el que López Obrador ha actuado con sevicia, fue citado en la Ciudad de México para, dice la denuncia, coaccionarlo por medio de amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la Presidencia de la República y que ya no suspendiera los trabajos. No cedió.

Están lejos de ser los únicos. La denuncia menciona por nombre a otros 65 jueces, magistrados y secretarios en funciones de juzgadores "entre muchos otros", a quienes Zaldívar quiso obligar a que actuaran en concordancia con los intereses políticos del presidente, no de la Constitución. En una ocasión, como presidente de la Corte, dijo que las resoluciones no deberían fincarse en la Constitución -una aberración para un constitucionalista reconocido y adalid en los gobiernos del PAN y del PRI del garantismo-, sino que deberían incorporar consideraciones políticas, que es uno de los argumentos perenes de López Obrador para presionar a que la Corte abandone el estado de Derecho y se ajuste a sus objetivos.

Zaldívar actuó largamente bajo las instrucciones de Scherer, como consejero jurídico de la Presidencia, y se benefició no solo política sino económicamente, señala la denuncia, al utilizar su despacho para resolver asuntos públicos y privados en colusión con el presidente de la Corte. El documento señala específicamente a Alpízar, su operador más conspicuo, de haberse puesto a las órdenes de Scherer, "lo que le valió obtener grandes sumas de dinero", que le permitió ser "propietario de ranchos, terrenos, casas y autos". Se cita el caso del concurso mercantil de una empresa, identificada por nombre, a la que presionaron para declararse en quiebra a cambio del pago del 75% de su valor, que tenía que ser pagado en efectivo.

A través de otro de sus operadores, Édgar Manuel Bonilla, titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, según la denuncia, se presionó también a empresas que tenían contratos con Pemex para que se declararan en quiebra a cambio de sobornos, en un esquema que preconfigura el probable delito de delincuencia organizada, por el que Zaldívar también podría ser imputado.

Hay acciones descritas en la denuncia que podrían llevar a acusaciones penales. Tal es el caso de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval, primera secretaria de la Función Pública del gobierno de López Obrador, y que forma parte de los puros del movimiento, que manipuló varios casos de alto impacto, como el Caso Wallace, para que se liberara a los asesinos del hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, a la que no quieren en el gobierno, y prohibió que los defensores promovieran amparos contra la falta de atención médica durante la pandemia del coronavirus, para que no se viera "inflada" la estadística del gobierno.

Sandoval fue quien revivió el Caso Colosio con un inexistente "segundo tirador", para continuar con la línea presidencia contra Calderón a través del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y está en la ponencia de la nueva ministra Lenia Batres, que según la denuncia fue una imposición, que es una segunda lectura de lo que quiso hacer Zaldívar, quedarse con el control del Consejo de la Judicatura, en donde varias de las personas que operaron todo este esquema presuntamente de corrupción, conflictos de interés, y de entrega del Poder Judicial al Ejecutivo, también están identificadas, no en el documento que se presentó, sino en la denuncia anónima.

Esta investigación es la más grande que se conoce haya hecho jamás el Poder Judicial, pero sus ramificaciones no son únicamente judiciales. Las políticas, en el contexto actual, son mayores. Zaldívar, una pieza central de López Obrador en las pretendidas reformas al Poder Judicial, podría quedar inhabilitado si lo encuentran culpable de las imputaciones que se le hacen, despojando al presidente de quien sería su principal operador, y a quien le había colocado a Sheinbaum en su equipo.

La candidata presidencial también resulta afectada porque el golpe que ha recibido Zaldívar lo limita en el trabajo que está realizando en la campaña y le genera un lastre que no se va a poder quitar. Queda completamente anulado como vocero, y aunque es habilidoso en medios, es difícil que pueda desasociar su trabajo con Sheinbaum de las acusaciones. La denuncia le quita legitimidad porque hay partes importantes que son consistentes con información de calidad que circula en la sociedad política y se alinea con las percepciones en la opinión pública de su entreguismo a López Obrador.

De la misma manera regresa a Scherer en la arena pública, después de meses de bajo perfil. Scherer está en la campaña de Sheinbaum recaudando fondos con los empresarios, pero lejos del escrutinio público por decisión también de la candidata, que aunque le tiene estimación y agradecimiento por su trabajo en el pasado, lo ha alejado para evitar que las sospechas e imputaciones de corrupción se conviertan en negativos para ella.

El exconsejero jurídico no va separado de Zaldívar. Al contrario. La denuncia lo muestra como su superior jerárquico, no en términos formales, pero sí operativos, y los señalamientos de corrupción contra las personas más cercanas de Zaldívar, colocan al exministro también en una situación donde su calidad moral queda en entredicho, como lo ha sido su prestigio profesional que, antes de la denuncia, ya había dilapidado.