Aunque en octubre pasado la mayoría de los diputados aprobó el techo de deuda por 1.9 billones de pesos para 2024, ahora un grupo de legisladores del bloque opositor busca declararlo inconstitucional. El recurso ya se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y supone una intesa discusión. 

Fue a finales de este enero cuando la Corte admitió el trámite de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2024. Senadores afirman que lo establecido por el secretario Rogelio Ramírez de la O incumple los criterios marcados por ley.

El techo de deuda para el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente debatido pues rompió con la prudencia fiscal que había caracterizado este gobierno, al implicar un alto déficit, el más alto en 30 años. Sin embargo, fue aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados y justificado para el financiamiento del presupuesto de Egresos de este año, con un fuerte énfasis en los programas sociales y las obras de infraestructura comprometidas en este sexenio.

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El trámite ya se tiene en estudio y supondrá una discusión intensa, advierten expertos consultados por LPO, en donde se evaluarán los elementos para considerar, o no, a este techo de deuda como inconstitucional en pleno año electoral y en uno de los episodios de mayor tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno en la historia moderna.

Para el Dr. Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, hay elementos para pensar que este recurso pueda transitar, en particular porque los criterios bajo los cuales se elevó el techo de endeudamiento no forman parte de los establecidos en la ley de ingresos, por ejemplo, un caso de emergencia, como lo pudo ser, en su momento, la pandemia por Covid-19.

"Si consideramos que este endeudamiento es para fondear los proyectos de infraestructura, sí aplica un criterio de inconstitucionalidad, por que sale de los parámetros establecidos en el artículo 134 de la Constitución", dijo el experto desde la perspectiva jurídica, en diálogo con LPO.

Aunque el académico precisa que lo esperable será que las y los ministros de la Corte tomen en cuenta en su conjunto una serie de factores, por ejemplo, el impacto que tendría que, en el año de transición de gobierno se falle a favor de este recurso de inconstitucionalidad. "Podría hasta provocar una crisis electoral que dañaría los programas sociales", advierte.

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Desde su perspectiva, será interesante ver, del otro lado, los elementos que pudieran debatirse para desechar este recurso. Una discusión que se prevé encabece ministras como Lenia Batres o Yasmín Esquivel. En ese sentido, recuerda que, si el proyecto no alcanza los ocho votos, quedará solo como un debate.

El experto también advierte otra posibilidad: que se consideren los argumentos de los legisladores de oposición, pero que decidan postergarlo, una especie de advertencia. Ahí, Rodríguez Garduño recordó el caso de la Guardia Nacional, donde permitió su permanencia en las calles, pero estableció un plazo para regresar a los cuarteles. Algo similar podría establecerse en este caso de presupuesto federal.