La liberación de Francisco Valenzuela y Salvador Garza Herrera, ex funcionarios de Rodrigo Medina que fueron detenidos por el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón generó movimientos entre Los Pinos y el Palacio de Cantera. El primero fue señalar al gobierno estatal que la PGR de Raúl Cervantes está colaborando con la oficina de Ernesto Canales y que no hay protección alguna para el ex gobernador. 

El segundo detalle sería más colorido: se le informó al entorno directo del gobernador que Medina hace ya 10 meses que no juega al golf con Enrique Peña Nieto ni tiene encuentros con el mandatarios.

Ficción o realidad, el relato que llegó desde el entorno presidencial es rico en detalles, como por ejemplo decir que los partidos de golf del presidente son en Ixtapa de la Sal (Edomex) y no en Nayarit como generalmente se menciona o que en los últimos juegos hubo algún malestar presidencial ante el estilo del ex gobernador de Nuevo León en el green. Esos detalles sumados a ciertos desacuerdos habrían llevado a la suspensión de los partidos.

Estas narraciones van acompañadas del recordatorio de que nada le ocurrirá al juez de Nuevo León Miguel Ángel Rodríguez que decidió encarcelar a Medina el pasado enero en el penal del Topo Chico. Así como también que avanza la investigación a la jueza que otorgó los amparos a Medina y su entorno, Beatriz James Ramos.

En Los Pinos están sumamente interesados en dejar en claro que no hay protección alguna a Medina y que el ex gobernador se defiende solo. Agregan que en esta ocasión el error de Canales fue detener a los ex funcionarios sin audiencia previa. Canales argumenta que los buscó en sus domicilios pero que no los encontró. Un argumento muy débil ante un abogado de la fuerza de Javier Coello.