Días atrás, Miguel Ángel Mancera fue cuestionado por el aumento de los robos con violencia en la Ciudad de México en los últimos años. Desde el Palacio de Gobierno capitalino, el jefe de Gobierno reconoció el hecho, pero se deslindó y responsabilizó al nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual -dijo- es "laxo" e "hipergarantista".

De acuerdo con Mancera Espinosa, la laxitud de este sistema permitió incluso que alrededor de 15 mil personas que deberían estar en prisión "andarán en las calles, lo que lógicamente te impacta en la curva de incidencia delictiva".

En el Poder Judicial de le Federación el comentario no fue bien visto; y de inmediato comenzaron las reacciones. José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte, concedió una entrevista a Óscar Mario Beteta, donde fue cuestionado sobre el deslinde de responsabilidad del presidente de la Conago (Mancera) y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

En respuesta, el ministro reconvino a los gobiernos estatales y al federal por el lapso de ocho años que tuvieron para implementar los cambios necesarios en la legislación, en la administración de justicia y, principalmente, en los cuerpos policiales.

"Tuvieron las autoridades ocho años -las autoridades de todo tipo- para hacer las actualizaciones. Me parece que se perdió un tiempo increíble, primero en no hacer nada, después en discutir una serie de cosas bastante triviales... Yo creo que más que cambiar el sistema, creo que es capacitar a las personas para se ajusten al sistema", dijo Cossío Díaz en entrevista con Radio Fórmula.

No obstante, para Sales Heredia no es suficiente con los cambios que exige la nueva organización de justicia acusatoria, porque como sea "permite la liberación de los presuntos delincuentes con mayor facilidad", lo que exige ajustes de manera urgente. "Ningún modelo es perfecto", coincidieron en ambos niveles de gobierno.

Pero el Poder Judicial no está en contra de una revisión al nuevo modelo. En principio de cuentas, tanto la Suprema Corte como distintos jueces y magistrados se opusieron a los cambios, porque no confiaron nunca que la realidad estuviera lista en México para un cambio de tamaño calado, donde se necesitaría de credibilidad en Ministerios Públicos y juzgados, de buen trabajo judicial y, sobre todo, de la profesionalización de peritos, defensores y policías.

"Las personas siguen teniendo una idea muy mágica: cambia la ley y cambiará el mundo. Y eso es realmente infantilismo", señaló Cossío Díaz. Y agregó: "No pueden ser así las cosas. Hay que tener claro que si uno quiere cambiar la ley o una institución, hay que enseñarles a un conjunto de personas a hacer cosas nuevas y distintas que han venido haciendo a lo largo de su vida profesional", sentenció.

Por ello, en el máximo tribunal del país, comenzó un movimiento para deslindarse del nuevo modelo y, en su lugar, responsabilizar a las administraciones locales por no estar listas para los cambios en materia judicial promovidos por ellos mismos. "Y es que el nuevo sistema fue resultado de una propuesta política del poder legislativo, nosotros no impulsamos esa agenda; ahora los gobiernos locales tienen que responder por lo que promovieron y aprobaron", confió a LPO una fuente al interior del viejo edificio de la calle Corregidora.