Es habitual el mensaje mediático desde distintos frentes que comparan a Andrés Manuel López Obrador con el ex presidente venezolano, Hugo Chávez, pero desde el mundo bancario hay quienes miran más bien a figuras como el ex presidente de Brasil, Lula da Silva, que llegó al poder desde el izquierdista PT y terminó aplicando una política económica bastante ortodoxa y promercado.

Esa es al menos la visión que se comparte desde el grupo financiero canadiense Scotiabank, que piensan que el líder de Morena terminará siguiendo una trayectoria similar a Lula, que apenas inició su primer mandato sorprendió a los mercados designando al frente del Banco Central de Brasil al entonces presidente del Bank Boston, Henrique Meirelles, un ortodoxo que aplicó una política de gran responsabilidad monetaria.

El argumento central del Scotiabank para trazar semejante paralelismo se basa en analizar la gestión del político tabasqueño como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. En ese escenario rescatan que durante su gobierno la ciudad tenía una calificación crediticia de AAA y logro captar la mayor inversión extranjera directa (IED) en la historia de la capital.

"Estos son ejemplos de un amistoso aproximamiento hacia las inversiones", señalan los analistas del banco en el documento, aunque se cuidan de advertir que si resulta electo presidente de México: "sus políticas podrían ser diferentes de las que siguió en el pasado".

Para los analistas es importante hacer una análisis de las propuestas del dirigente de Morena considerando las serias posibilidades que ven de que pueda ganar la presidencia.

Observando su postura ante sectores económicos como el de telecomunicaciones, energía, el campo, entre otros, los analistas del Scotianbak evalúan que "se muestra amigable con el tema de los negocios, pero no deja las amenazas de potencial populismo y con ello puede haber una menor inversión extranjera y mayor riesgo para el país".

"Es de esperar una mayor intervención del gobierno en los recursos naturales, particularmente en el petróleo y el gas y la minería y las empresas del sector privado que hacen negocios con el gobierno probablemente se someterían a un mayor escrutinio", concluyen los analistas.