El revés que le propició hoy martes la Suprema Corte al planteo de Jaime Rodríguez contra el sistema anticorrupción encendió con fuerza los cuestionamientos del Palacio de Cantera contra el titular del Poder Judicial estatal, Carlos Arenas.

Arenas suele ser identificado con el Bronco pero en el entorno del gobernador aseguran que en los aspectos cruciales de la administración (como la persecución contra los medinistas) no ha colaborado en lo más mínimo y ha elegido mantener la distancia.

La pertenencia de Arenas para con el sector del Bronco es más bien declamativa o ideológica. Busca transparentar prácticas del poder que preside y libra una batalla interna contra magistrados y jueces ligados al ex gobernado. En muchos casos esas contiendas son más bien estéticas lo cual le quita respaldo interno.

Cuando Arenas intentó llegar al Tribunal Electoral de la Federación, cerca del Bronco esperaban que lograse ese asiento a fin de impulsar un titular del Poder Judicial más comprometido con la pelea anticorrupción. No sucedió y por eso no se aceleró la designación de Francisco Mendoa, quien tendría las preferencias para suceder a Arenas.

Ahora la nueva desilusión es por el rechazo de la Corte a tratar la queja del gobernador contra el sistema anticorrupción. Aseguran que cuando Arenas buscó el asiento en el tribunal electoral estuvo un mes entero cabildeando en la Corte y que por eso logró el apoyo masivo a su nominación que no se concretó por carecer de un sponsor de la política.

Ahora en el Gobierno estatal esperaban un apoyo de Arenas para motorizar la queja, algo que nunca sucedió. El Bronco sostiene que el nuevo sistema deja al Estado sin defensor jurídico y le entrega la fiscalía general al poder de los partidos.  Por eso pidió suspender el proceso de entrada en vigencia en Nuevo León.

La controversia, en que la Corte resolverá si el SEA se ajusta a los parámetros de la Constitución federal, fue admitida a trámite este lunes, pero los Ministros podrían tomar más de un año para dictar sentencia de fondo.

Durante todo ese tiempo no habrá obstáculo para que se concreten los actos y nombramientos ordenados por la reforma del pasado 14 de abril a la Constitución estatal.

Al ser negada la suspensión, el Congreso de Nuevo León tiene obligación de emitir la convocatoria para designar al Comité de Selección del SEA, lo cual debía ocurrir a más tardar hoy martes, de acuerdo al plazo de 60 días previsto en el decreto impugnado por El Bronco.

La negativa de suspensión también implica que, una vez instalado el Comité de Selección del SEA, éste podrá lanzar las convocatorias para designar al Fiscal General de Nuevo León, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, y el Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.