Una nota del New York Times volvió a poner bajo los reflectores el debate sobre el ejercicio de la prensa en México. El periódico sugiere que el Gobierno Federal habría gastado al menos 80 millones de dólares en la contratación de un sofisticado software israelí para espiar a periodistas y activistas de distintas causas. Aunque admiten que es imposible encontrar alguna prueba.

Según este medio, desde 2011 al menos tres agencias federales mexicanas habrían contratado los servicios de Pegasus, el sistema desarrollado por la firma NSO Group. Pegasus se infiltra en los smartphones para monitorear llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.

"Tras decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana", afirma el New York Times.

El problema es que en rigor no se pueden aportar pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable, pues el sistema Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. La susposición entonces surge porque el fabricante NSO Group sólo lo comercializa a gobiernos, siempre bajo la condición de utilizarlo solo para el combate al terrorismo y crimen organizado.

Tras decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, se supo que el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido críticas del gobierno.

La investigación afirma que Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola fueron espiados. También abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. "Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente", aseguran.

Tras la publicación de esta nota, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por los delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas, que acarrea una pena de entre 6 y 12 años de prisión, y acceso ilícito a sistemas.

Carmen Aristegui encabezó una conferencia de prensa para anunciar que ya presentaron una denuncia por espionaje. 

Cuartoscuro

De acuerdo con Luis Fernando García, director de la R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, los intentos de espionaje se incrementaron "en ciertas coyunturas, los momentos de mayor ataque se relacionan con objetivos que apuntan a los intereses del gobierno federal", dijo en la conferencia de prensa.

"La vigilancia es altamente invasiva, le da un gran poder al atacante y se lleva a cabo en secreto e implica el riesgo agravado de abusos".

Dijeron que fueron víctimas de ataques con este software Mario Patrón, Stephanie Brewer, y Santiago Aguirre, colaboradores del Centro Productos Miguel Agustín Pro Juárez; los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y también Emilio Aristegui, el hijo adolescente de la periodista más famosa de México.

Según la investigación del CitizenLab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México. Cada licencia para utilizar este malware tiene un costo de 77 mil dólares. "¿Dónde está la información? ¿Qué hicieron con ella? Tenemos derecho a saberlo", señaló la periodista Carmen Aristegui durante la presentación del reporte.