Ataques a la prensa
Tras la presión de diputados, la PGR abre una investigación por el espionaje a periodistas
El procurador Raúl Cervantes aceptó investigar el caso, luego del reclamo de los diputados.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la fiscalía especializada para delitos contra la prensa (Feadle) que encabeza Ricardo Sánchez, abrió una investigación por a la acusación de presunto espionaje del Gobierno hacia periodistas, activistas sociales y defensores humanos.

Entre otros presuntos espiados aparece la periodista Carmen Aristegui, una habitual crítica del gobierno y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El escándalo escaló rápidamente y obligó al gobierno a enviar este martes una desmentida al diario estadounidense The New York Times, que fue quien reveló el caso.

Ayer también integrantes de la Comisión de Seguimientos contra Agresiones a los Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputaos, intervinieron en el asunto y reclamaron al procurador Sánchez que intervenga.

De acuerdo con lo informado por la procuraduría, se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por los denunciantes, la geolocalización de los equipos que remitieron los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware.

La investigación se abre por los posibles delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, previstos en los artículos 177 y 211 bis 1 del Código Penal Federal. Y se extenderá a los posibles proveedores de tecnología Pegasus utilizada para realizar este tipo de actos. La PGR informó que solicitará informen a qué dependencias federales o estatales y en su caso a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipos.

Sin embargo, el gobierno también anunció este miércoles que 

Chong enfrenta el reclamo de periodistas por el asesinato de Javier valdez y los casos de espionaje.

El caso estalló luego que el diario estadounidense The New York Times publicara que defensores de derechos humanos, activistas y periodistas son espiados por el gobierno mexicano a través del programa Pegasus, algo que fue negado por el secretario de Gobierno, Miguel Angel Osorio Chong, que este martes tuvo que soportar un reclamo de periodistas durante una conferencia de prensa en Sinaloa.

El caso del espionaje viene a tensar aún mas la relación del gobierno con la prensa que ya venía delicada por el lamentable récord de trabajadores de prensa asesinados que enfrenta México y el escándalo dio la vuelta al mundo y hasta se pronunció el famoso hacker Edward Snowden, que filtó en su momento el mega espionaje mundial que instrumenta Estados Unidos, revelación que lo llevó a exiliarse en Rusia.

Pero como siempre ocurre en política detrás del escándalo, hay otro escándalo. Como reveló en exclusiva LPO, el caso también desató una caza de brujas al interior de Los Pinos, donde apuntan al empresario Claudio X. González por la filtración.

En el entorno de Enrique Peña Nieto lo señalan como el autor de la maniobra y confirman la situación de tensión entre el presidente y el magnate. Los señalamientos tienen un motivo: la reciente acalorada discusión que mantuvieron ante un grupo selecto de empresarios que miraban atónitos el tono de las diferencias.

En la última reunión de empresarios en Los Pinos el mandatario increpó a X. González por las actividades de la ONG de su hijo. González le dijo que la actividad de Claudio González Guajardo no tenía que ver con la suya y que el mandatario "no era quién para quejarse".

El hijo del magnate da conferencias en las que habla los presuntos vínculos de Javier Duarte y Roberto Borge con el financiamiento a la campaña presidencial del 2012 -"Allí se compraron boleto de impunidad"-, o su top 10 de los corruptos en el que incluye al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés y a los hermanos Rubén y Humberto Moreira, o su iniciativa de incluir al Ejecutivo federal en el "salón de la infamia".

La revelación del New York Times es vista como el corolario de una zaga que comenzó el viernes antes de la elección del 4 de junio, cuando se conocieron nuevos negocios entre el clan Moreira y el empresario Luis Castillo Cervantes, el Rey de los Dragones. El Gobierno apunta por esa historia a González como embarcado en un plan para perjudicar al PRI en la votación de Coahuila.

La hostilidad siguió con la revelación de supuestos nexos entre Enrique Ochoa Reza y empresarios favorecidos con negocios cuando él era el director ejecutivo de CFE, historia amplificada por el Grupo Reforma. En este caso, la ONG de González Guajardo (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) se hace cargo de la investigación.

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