En septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a presentar el presupuesto fiscal para el 2018; su titular, José Antonio Meade, ya advirtió que vendrán más ajustes aunque "menores a los de años anteriores". Al Gobierno le apura lograr su objetivo de déficit para esta administración y tiene poco espacio de movilidad, pero ahí mismo se aprovecha para lanzar el debate sobre el gasto que se hace en estados y municipios.

¿En dónde seguir recortando en un presupuesto cada vez más rígido? Meade hace énfasis en la manera en que se hace la distribución: casi el 30% se va para estados y municipios por la vía de aportaciones y participaciones; casi otro 30% se va para el pago de los intereses de la deuda y para las pensiones; más o menos el 20% lo explica el IMSS, Pemex, CFE y el ISSSTE.

En ese escenario resta el 20% para los ajustes que tiene que hacer el Gobierno, por lo que se desliza la creciente necesidad de replantear la estructura del presupuesto. Ahí, no desaprovecha para instalar el debate.  "Si hay espacio para mejorar", afirmó Meade en una entrevista radiofónica. Apeló a una necesidad de balancear el presupuesto a favor del gobierno federal, en lugar de darle prioridad a los estados y municipios.

"Son importantes, detonan también crecimiento y generan empleo, pero son a costa de proyectos que tienen un impacto más nacional, que son los que debían tener acento en el presupuesto", puntualizó entonces el encargado de las finanzas públicas del país.

El mensaje es celebrado por los analistas que han insistido en atender las finanzas locales, en donde la opacidad sobre los recursos permea el discurso de las autoridades. Y hay pocas pistas sobre cómo se gastan, derivando en situaciones escandalosas como las que ahora siguen los pasos de los Duarte en Veracruz y Chihuahua. "O de otros casos sólo se dan ‘simulaciones', de un gasto eficiente", explica a La Política Online, Francisco Lelo de Larrea, subdirector de análisis económico del CEESP.

El analista dice comprender el reclamo de Meade en un contexto donde los municipios y entidades recibieron más recursos por participaciones en 20%, en tanto que la inversión física del Gobierno cayó 25%.

Es una problemática que urge atenderse y para el analista hay dos vías: a través de una mayor y más eficiente recaudación por parte de las entidades (lo cual le daría un respiro también al Gobierno) y un análisis profundo sobre los programas estatales, "son pertinentes, eficientes y eficaces, son los tres puntos a considerarse", dice el especialista a LPO.

"Hay más disciplina en el gobierno federal pero no en los estados y municipios. Las entidades federativas deben fortalecer sus fuentes locales; por ejemplo, el predial. Sin embargo, no han querido meterse en esos temas por el costo político que implica. Nadie lo quiere asumir", explicó.

Para Kristobal Meléndez, analista de Finanzas Públicas Locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), tiene dificultades un cambio en la ingeniería del presupuesto desde las entidades y municipios.

De acuerdo con su opinión habría dos salidas: recortar a los fondos de aportaciones como el FONE (que es destinado a la educación) o el FASSA (para la salud). Pero ello también tendría afectaciones en las condiciones de vida.

Otra salida es recortar fondos del Ramo 23, polémico en San Lázaro y conocido como el "fondo moches". "Ahí el Gobierno hace todos los años un recorte, pero cada vez es rechazado por los congresistas", apuntó.

Para Meléndez, no se trata de un tema que implique sólo a los gobernadores, aunque en coincidencia con el tema de la eficiencia, señaló: "Se tiene que eficientar el gasto a través de toda la administración pública y federal, cambiar leyes para establecer bien cómo se destinarán los recursos a los estados", concluyó.