De nuevo, América Móvil de Carlos Slim vuelve a estar al centro de un huracán que complica a la reforma de telecomunicaciones, con un amparo impuesto contra la conocida "tarifa cero" que ya avanza en tribunales y despierta la preocupación de jugadores en el sector.

 Este martes, en un trascendido publicado en medios nacionales y dirigido al Presidente Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia y al IFT, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), alertó sobre los riesgos de que se dé una resolución a favor de estas empresas.

"Canieti expresa su más profunda preocupación ya que existen decenas de juicios de amparo en curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de varios aspectos de esta trascendental Reforma que buscan reinstaurar el cobro de la tarifa de terminación de tráfico en la red del Agente Económico Preponderante".

A lo que se refiere, es al amparo interpuesto por Telmex y Telcel que la Suprema Corte de justicia tiene en manos y según publican medios, está próxima a resolver, en contra de disposiciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

El amparo más preocupante es que va en contra de la prohibición de cobrar por la terminación de tráfico de la red de América Móvil -ya sea de Telcel o Telmex-, es decir, que no puede cobrar a los demás operadores cuando se trata de llamadas que usuarios de esos operadores hacen a números de alguna de estas compañías, aunque los demás operadores tengan una tarifa cero.

El temor es que la corte decida que dicha disposición es inconstitucional y con ello Telcel y Telmex podrían cobrar, incluso de manera retroactiva al 2014 cuando entró en vigor dicha ley, dando un giro cuántico a la reforma.

Los argumentos

Especialistas explican que las tarifas del servicio móvil han caído 43% desde la instrumentación de la reforma, un objetivo logrado a partir de esta disposición, pues de esta manera, han podido estructurar sus ofertas y esto a su vez, tendría como consecuencia menores usuarios móviles.

Aunque por otro lado, hay analistas que señalan que una tarifa cero de este tipo no existe en ninguna parte del mundo y señalan que sí es constitucional porque vulnera la libertad de comercio, es confiscatoria, inequitativa, discriminatoria y arbitraria, además de que es una invasión de facultades contra el IFT -por parte del Congreso de la Unión-, según escribe la especialista Irene Levy.

No obstante, la Canieti argumentó que la medida es parte central de la política pública del Gobierno encaminada a disminuir la notoria concentración en el mercado de las telecomunicaciones, generar condiciones de competencia efectiva y certeza jurídica a las inversiones.

"Modificarla podría tener consecuencias tales como: el aumento en los precios al público, desincentivar las inversiones y comprometer la situación financiera de las empresas que construyeron sus modelos de negocios basados en la certeza que les dio la reforma".