La elección en Coahuila fue, en las últimas, uno de las variables que ordenó el tablero político de México. El PAN no está dispuesto a colaborar en nada si el PRI no asume que la elección estuvo plagada de irregularidades. Como explicó La Política Online, Ricardo Anaya bajó la orden a Marko Cortés y Fernando Herrera de bloquear cualquier negociación en el Congreso y paralizar así la agenda que buscaba retomar el Gobierno.

Esta situación quedó en evidencia pocos días después de los comicios. Pablo Escudero salió con una acusación bastante infrecuente en un presidente de la Mesa Directiva -quienes suelen cuidar y moderar sus discursos partidarios con un tono más institucional-. Dijo sin matices que el PAN "tomaba de rehén a la Ley de Seguridad Interior para resolver sus conflictos electorales".

En los pasillos de la Cámara Alta todos dieron por iniciado un proceso anticipado de parálisis legislativo, que suele iniciar una vez que ya se largó la campaña presidencial. "Sacaremos por obligación el Presupuesto 2018 y quizás alguna minuta de peso relativo que ya esté en comisión, pero temas grandes parece que no habrá más hasta el próximo sexenio", anticipaba un perredista en diálogo con LPO.

Al parecer, el pesimismo no es amigo de Emilio Gamboa, que desde hace rato confía en encauzar las plásticas con el PAN. Según pudo saber este medio, hace varias semanas ya le había avisado a todo su equipo que las vacaciones se las tomaran en julio, mientras se resolvía este conflicto político que acaso llegue a la Justicia. Pero les solicitó a todos estar de regreso en agosto, porque todavía había chances de un extraordinario.

Pero el escenario no es el mejor, porque la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que los dos candidatos -también Guillermo Anaya- había rebasado los topes de campaña. Este viernes el pleno de los consejeros electoral avalarán o rectificarán este documento.

Los dos partidos amenazan con ir a la Justicia, en una disputa que en rigor se podría estirar hasta el día anterior a la toma de protesta del nuevo gobernador. Quiere decir que la guerra judicial podría seguir hasta noviembre. ¿Conseguirá el Senado reactivar sus actividades o se limitará al debate del Presupuesto?