Raúl Cervantes intensifica sus encuentros con senadores del PRI y del PAN para ser el fiscal general nombrado por el Senado. Su última carta es ofrecer permanecer en el cargo dos o cuatro años en lugar de los nueve que establece el Sistema Nacional Anticorrupción.  Esa misma ecuación incluye que el PAN designe al fiscal anticorrupción. De este modo, Cervantes quiere ser si o si el fiscal de la transición política que se iniciará en julio del año que viene.

Un giro que refuerza la percepción de que Enrique Peña Nieto está por demás interesado en retener posiciones en el Senado, San Lázaro, la Fiscalía y la Suprema Corte. Esas tribulaciones le insumen más tiempo y esfuerzo al mandatario que la elección del candidato del PRI que amenaza con detonar la división del tricolor.

El gran desafío para el procurador es que Ricardo Anaya y Felipe Calderón rompieron con Los Pinos tras la elección de Coahuila y son sus senadores los que deben respaldar su anhelo de ser fiscal. Para colmo el gobierno insiste en que no va a entregar el triunfo de Coahuila bajo ningún termino.

En paralelo al cabildeo externo de Cervantes, hacia el interior de la PGR también juega su partido.Organiza  ronda de consultas con juristas, académicos, presidentes de tribunales y colegios de abogados con el fin de recoger opiniones sobre cómo debiera funcionar la entidad que preside al tiempo que atraer abogados de prestigio que que se integren como subprocuradores. Quiere reforzar la idea de una PGR despolitizada y más profesional. 

El tercer flanco de su estrategia está en el exterior. Cervantes está estrechando vínculos con la administración Trump y su muestra de apoyo más grande fue conceder que Tomás Yarrington sea juzgado primero en Texas que en México.