La reciente emisión de deuda de Pemex en mercados internacionales será sin duda un respiro para José Antonio González Anaya, que alivió los pagos de la enorme deuda de la petrolera, al haber recomprado bonos de inminente vencimiento. Pero no será el último obstáculo que deberá afrontar la petrolera en el último tramo de la gestión Peña Nieto: las presiones fiscales y los intereses políticos podrían generar nuevas tormentas.

Este domingo, la petrolera confirmó la emisión de 5,000 millones de dólares, con bonos de vencimiento a 10 y 30 años y tasas de interés de apenas 5.75% y 6.90%, respectivamente. Con parte de ese dinero, las autoridades de Pemex recompraron bonos por US$ 1,742 millones que tenían vencimiento en los próximos dos años. Con el sobrante, cubrió además sus necesidades de financiamiento para 2017 y 2018.

Con esta operación, la petrolera cerrará el sexenio lejos de los números rojos. Los analistas consultados por La Política Online aseguran que es un logro innegable de la dirección, pero afirman que el panorama a futuro todavía presenta algunos nubarrones.

Alejandro Limón, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), adviertió en diálogo con este medio que hay factores que podrían cambiar por completo el rumbo de la petrolera hacia el 2018, que dependen tanto de factores externos como internos. "José Antonio Meade tendrá un rol fundamental desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", explicó.

Según el experto, "en la actualidad, los ingresos de Pemex se están impulsando por un nuevo escenario favorable para la petrolera -incremento en los precios del petróleo y apreciación del peso-, que se traduce en un aumento en las ventas de sus gasolinas".

Limón recuerda que un tema clave va a ser la quita del estímulo fiscal que da el gobierno como protección ante los movimientos abruptos en el precio de los combustibles. Una decisión que Meade tendrá que tomar en enero de 2018. Hay que recordar que Hacienda viene "perdonando" una parte del IEPS a los consumidores para que los cambios en los precios de las gasolineras no sean tan rotundos.

El Gobierno ha aplicado esta herramienta en los últimos meses, con el doloroso antecedente de las protestas y violencia que desató el gasolinazo de enero. Por supuesto, la medida tiene un costo fiscal que el Gobierno no quiere estirar en el tiempo, justo cuando empieza cumplir sus metas de reducir el décifit.

"Es cierto que ahora cerrarán con cifras verdes el sexenio, pero a largo plazo puede que ya no sea el mismo resultado si se decide quitar el estímulo fiscal", advirtió Limón Portillo.

La gran disyuntiva para Meade es que mantener el estímulo lo forzaría a recortar en otras áreas del paquete presupuestal 2018, y así cumplir con las metas de cierre de sexenio. El titular de Hacienda adelantó que el recorte será menos dramático que en años anteriores, pero aseguró que el margen de maniobra está cada vez más "apretado".

Para Limón, "sería deseable que Meade eliminara este subsidio", aunque es consciente que esa decisión impactaría en el IEPS, que acaso se reflejaría otra vez en el descontento social justo en un periodo preelectoral: "Las presiones son múltiples. Habrá que estar muy atentos al movimiento en el precio del petróleo y a las decisiones que tome la OPEP".

Y es que de quitar este estímulo, el encarecimiento de las gasolinas podría también impactar en las ventas de Pemex, lo que volvería a complicar la ecuación de ingresos con vencimientos de deuda. "Aunque es difícil saber hasta cuánto podrían subir o cómo afectaría a Pemex, porque en la metodología intervienen múltiples factores", precisó Limón.

Además, el especialista del CIEP recuerda que si bien se mejoró la perspectiva crediticia hacia la petrolera, pero no así su nota crediticia, que sigue reflejando una mirada recelosa por parte de las calificadoras.