Se aproxima la fecha para que la Corte resuelva los amparos impuestos por América Móvil y Telmex  en torno a la polémica tarifa cero. Las presiones son múltiples, pero todo apunta a que es posible un escenario en que un juez falle a favor de las empresas de Carlos Slim.

El cabildeo del equipo del magnate ha sido intenso, lo cual orillaría a una resolución completamente favorable para el magnate, sin embargo, el resto de los jugadores en el sector de telecomunicaciones también activaron sus contactos al máximo nivel.

Como ha explicado La Política Online, han sido múltiples las reacciones negativas. Desde la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), se alertó sobre los riesgos de que se dé una resolución a favor de estas empresas.

Pero también hubo otro tipo de alertas de inversiones importantes para el sector, como la de AT&T. En el mercado se hablaba de la posibilidad de que pudiera generar confrontaciones por la compra de Iusacell a Grupo Salinas, afectando a sus inversionistas. Algo similar ocurre con el negocio de Sprint y Telefónica.

Este tipo de reacciones deja en duda la decisión de la Suprema Corte de Justicia pero existen aún dos escenarios posibles en que el resultado judicial favorecería a las empresas del magnate mexicano, pero sin dejar de lado los intereses de otros jugadores. Un punto intermedio que no arroje al exterior la idea de que la reforma telecom sucumbió en el máximo tribunal.

En el mercado se alimenta la teoría de que la Corte fallará a favor de los amparos de Telcel para revertir la interconexión cero -con la que se elimina el cobro a los jugadores que hacían uso de su red- pero su cobro podría no ser retroactivo.

Es decir, las empresas no estarían obligadas a realizar el pago por el tiempo que se aprobó la llamada "tarifa cero", sino que comenzaría a partir de que entrara en vigor el fallo judicial. Este escenario representa que Slim dejaría de recibir alrededor de 800 millones de dólares.

Consultado por este tema, Jorge Bravo, analista de MediaTelecom Policy and Law, señaló que en ese sentido que las dos posibilidades son: o que defina una tarifa a partir de 2014 -cuando arrancó la interconexión cero-  o bien, que la fije a partir de la resolución en agosto. 

"Entonces es cierto que las empresas pagarían todo 2017 o a partir de 2018", consideró el analista. 

Además, para el especialista, es relevante en el caso  que así, "la Corte le devuelve al IFT sus atribuciones para resolver en materia de interconexión", justo un tema puntilloso, pues se criticaba que la resolución de imponer una tarifa cero no hubiera venido del regulador que comanda Gabriel Contreras.