22 de agosto será el día clave para el proceso que afronta el ex procurador de Nayarit Edgar Veytia en EU. Es el deadline para definir si habrá un acuerdo con la justicia de dicho país o si por el contrario habrá un juicio por tráfico y distribución de estupefacientes. Veytia fue arrestado el pasado abril en San Diego.

Esta definición tiene en alerta a ciertos sectores de la clase política porque si el ex procurador acepta hacer un trato va a tener que aportar información. Es sabido que Veytia operó en diferentes campañas a gobernador en los estados en los últimos dos años (el caso más mencionado en la prensa es el de Jaime Rodríguez Calderón, aunque su entorno siempre lo ha negado). Es más, su abogado Jeffrey Lichtman es famoso en el ambiente judicial de Nueva York por favorecer este tipo de acuerdos. Veytia puede ser una bomba de relojería.

Para el gobierno federal es una señal de alerta porque quienes lo visitan, quienes están en la lista mínima que autorizó la jueza Carol Bagley, aseguran que Veytia está muy enfurecido con el gobierno y con ciertas figuras del gabinete. Veytia se dice entregado por el gobierno para complacer a la Casa Blanca de Donald Trump.

Está convencido de que el cerebro detrás de esa operación es el procurador general Raúl Cervantes, que en marzo de este año intentaba hacer lo posible por llevarse bien con Jeff Sessions, fiscal general de Trump y aliado incondicional de Steve Bannon, que escribe en su sitio Breitbart que la campaña de Enrique Peña Nieto se pagó con fondos espurios.

Bagley pide que Veytia se declare culpable de parte de los crimines que se le imputan en EU. El ex procurador ya se ha declarado inocente de tres cargos.