A inicios de julio la Profeco se lanzó contra Volaris al aceptar una demanda colectiva por demoras reiteradas, cobros indebidos y sin justificación. La medida sin embargo está generando tensión entre Ildefonso Guajardo y el jefe de Profeco Rafael Ochoa.

Guajardo no está en contra de sanciones a aerolíneas y de hecho es el gran impulsor de las últimas normas que las sancionan por fallas en el servicio a pasajeros. Pero el secretario de Economía cree que lo que busca Profeco ya es un escenario extremo. Desde su óptica hay un motivo político: el interés de Ochoa de continuar al frente de esta institución después de 2018.

El funcionario es cercano al PRI del Edomex y llegó al cargo luego de que Ernesto Nemer se fuera a manejar aspectos políticos de la campaña de Alfredo Del Mazo en el Edomex.

Cambios de itinerario, asientos y equipaje; cambios de horarios de los vuelos sin indemnización alguna; penalizaciones desproporcionadas en contra de los pasajeros y pérdidas de equipaje, sin que la aerolínea asuma la responsabilidad que le corresponde, son parte de las acusaciones que han llegado a las autoridades. Profeco las ha documentado todas para iniciar una megaquerella contra la empresa que dirige Enrique Beltranena.

En los día pasados Ochoa señaló que estas medidas fueron tomadas "en cumplimiento con las facultades que le concede la Ley Federal de Protección al Consumidor para defender a una colectividad de personas afectadas por deficiencias en un servicio".

Además, la preocupación del funcionario es que cree que en caso de que la aerolínea de ultra bajo costo pierda la demanda, pondría en riesgo su solvencia, incluso llega a pensar en la quiebra.