El Sistema Penal Acusatorio no pasó su prueba de fuego en México durante la audiencia inicial del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, pues quedaron en evidencia diversos vicios procesales que se pretendían erradicar, principalmente en la actuación de los agentes del Ministerio Público.

Durante la diligencia del lunes 17 de julio se observó que la Fiscalía de la Procuraduría General de la República, no iba preparada para responder a las "precisiones y aclaraciones" sobre los hechos que se le adjudicaban a Duarte.

Grandes tomos, lectura extensiva sobre las imputaciones y los hechos, desconocimiento del tema, contradicción en los datos aritméticos, falta de argumentación, retórica y síntesis, fueron algunos de los puntos que quedaron en evidencia, omisiones de las que tomó nota el juez de control, o por lo menos así lo refirió.

Para la segunda audiencia, el 24 de julio, la situación cambió radicalmente- pues el juez de control, Gerardo Moreno García, no quiso dar entrada a los alegatos del abogado Marco Antonio del Toro, con lo que impidió que le repitieran la misma estrategia de la audiencia inicial, y después de 13 horas de alegatos, Duarte quedó vinculado a proceso.

Ello abre la puerta a los abogados del imputado busquen combatir la prisión preventiva oficiosa a través del amparo pues el juez no quiso escuchar y analizar los alegatos del imputado con respecto a los hechos que se le imputaban. Este sería un giro clave y en el Gobierno de la federación toman nota por encaja con aquellas especulaciones del microclima político que dicen que Duarte podría ser liberado antes de lo que se cree. Desde ya sería una situación incómoda de cara al proceso electoral.

De estas omisiones queda como antecedente el caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías quien acaba de obtener un amparo en contra del auto de formal prisión del noviembre pasado precisamente porque el juez no quiso escuchar sus alegatos antes de vincularlo a proceso por fraude equiparado y uso de recurso de procedencia ilícita.

Al respecto, María Novoa, directora del área de justicia del Centro de Investigación y Desarrollo A.C (CIDAC), dijo que la audiencia del ex gobernador es la prueba fehaciente que las fallas de la justicia adversarial no están per se en el sistema sino en la falta de preparación de los servidores públicos.

Subrayó que sí esto acontece en las audiencia ampliamente publicitadas en los medios de comunicación qué pasará en aquellas que no son mediáticas y los inculpados no son personas públicas.

"Por ello, decimos que hay que tener en cuenta que los errores que detectamos no están en el sistema sino en los servidores públicos y su falta de preparación para aplicarlo. Tenemos una proyección mínima de 11 años para que el sistema adversaria empiece a dar resultados óptimos, pero no se pueden hacer reformas sobre algo que no ha llegado a su etapa de consolidación", dijo la especialista.

A menos de un año de su aplicación total, ya había un debate sobre las posibles contrareformas al Sistema Penal- auspiciadas principalmente por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa- y volver a agravar delitos como robo a casa habitación, robo de hidrocarburos y portación de armas, conductas atribuidas principalmente al delincuente común y crimen organizado.

Pero no se habla de agravar los crímenes como uso de recursos de procedencia ilícita, fraude, peculado, desvío de recursos, atribuidos principalmente a servidores públicos- (gobernadores o secretarios); que ya no van a la cárcel aunque sustraigan cantidades millonarias de dinero y no garanticen la devolución total de lo robado.