La presión tuvo su efecto y a pesar de las divididas opiniones en el sector, la Suprema Corte de Justicia le dio la razón a América Móvil y Telcel y decidió de manera unánime que se debe eliminar la llamada "tarifa cero" a partir del próximo año y le concedió al IFT la facultad de determinar los nuevos costos al resto de los jugadores del sector.

Esto quiere decir que se declaró inconstitucional la prohibición que se tenía hacia las firmas de Carlos Slim por cobrar a sus competidores por el uso de sus servicios, misma que había sido determinada por el Congreso en el 2014.

En ese entonces, los diputados establecieron en el artículo 131 que la empresa declarada como agente económico preponderante (AEP) o aquella que tuviera más allá del 50% del mercado, en este caso Telcel, no cobraría tarifa de interconexión a sus competidores cuando las comunicaciones de ellos terminaran en sus redes, pero sí pagaría una cuota cuando sus clientes llamaran a los usuarios de la competencia.

La medida tuvo divididas reacciones en el mercado. Algunos vieron con rechazo que la decisión hubiera quedado en manos del legislativo, con una lectura de que se había relegado el papel del regulador que encabeza Garbiel Contreras. Además, señalaban que en ninguna parte del mundo existía algo similar.

Otros jugadores del sector también señalaron que de eliminarse esta prohibición, impactaría en los precios finales a los consumidores, alegando que sería reforma para la propia reforma de telecomunicaciones.

En contra parte, las firmas de Slim alegaron ante la Corte mantener una red de telecomunicaciones implica un costo operativo y por consiguiente, dar cumplimiento a una tarifa de este tipo terminaba por vulnerar a los estados financieros de Telcel.

Sin embargo no fue un triunfo total para el magnate mexicano, ya que esta tarifa no será retroactiva, por lo que empresas como Telefónica o AT&T, no tendrán que realizar los pagos desde 2014, que se impuso esta tarifa cero.

Se definió así que el IFT deberá hacer un análisis de mercado que lo llevará a establecer una nueva cuota de interconexión que puede resultar en una tarifa de cero o más pesos que AMX cobrará a su competencia, todo a partir del 1 de enero del año 2018 y con base en lo que designa el Artículo 137 de la Ley telecom sobre tarifas.

Para Jorge Bravo, analista de Mediatelecom, Policy & Law, esta resolución favoreció a todos, pues aunque dice que es consciente de que habrá un bloque enojado, al final no dejó fuera del todo sus demandas. 

El analista dijo en diálogo con La Política Online que lo más importante es que devolvió al IFT su atribución de regular en materia de interconexión y le concede autonomía, y para su análisis podrá incluir a todos los actores en una consulta abierta. 

Y ahí advierte que vendrá una "dura batalla". Y es que la orden de la corte es que la revisión que haga el regulador sobre la nueva tarifa sea en función de que se conserven los beneficios para los consumidores, por lo que incluso deja abierta la posibilidad de que termine imponiendo de nueva cuenta una tarifa cero o que el incremento sea mínimo. 

Así de paso, la Corte se alineó también a los intereses que las empresas extranjeras en el sector cabildearon en torno a las renegociaciones del TLCAN, en las que hablaban de un regulador autónomo y de una tarifa "razonable". 

Por su parte, Zoe Zobledo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, aseguró a LPO que cuando los legisladores tomaron la decisión de imponer la tarifa cero, estaba en su derecho legislar sobre ese tema, pues era un tema particular de monopolio que afectaba a la ciudadanía. 

"Es lamentable que con esta decisión, la Corte limite nuestros labores. Parece que ahora solo estamos facultados para nombrar organismos autónomos y ya". Refiriendo a esta decisión. Además, señaló que si las tarifas perjudican a los usuarios, será una responsabilidad que recaerá en los jueces y el IFT. 

El senador además, cuestionó que este fallo sea leído de una manera negativa por el mercado: "Pensarán que será sencillo, que con un plumazo la Corte puede echar atrás cualquier decisión del Congreso".