Pese a que, según los expertos del sector de hidrocarburos, el proceso de licitaciones a través de rondas se ha desarrollado con eficiencia, existe aún una deuda en materia de trasparencia. Se trata de los esquemas de contratación y proveeduría en Pemex Explotación y Producción (PEP).

Durante el período 2012 a 2016 la deuda de la petrolera estatal creció un 76%, alcanzando la astronómica cifra de 100 mil millones de dólares lo que, según muchos analistas, se debió a prácticas corruptas que beneficiaron a los sindicatos y contratistas amigos del Estado. 

"Pemex quebró porque lo saquearon sus altos funcionarios, su sindicato, su personal involucrado en el robo de gasolina y contratistas privados corruptos, que subrepticiamente trasladaron millones de dólares a quienes hicieron posible que vendieran mercancías o servicios a Pemex con enormes sobre precios", afirmó a LPO el economista Luis Pazos.

Si bien jugadores importantes del sector fueron más discretos al hablar de los desmanejos por parte de las autoridades públicas y por parte de los funcionarios de la empresa estatal, reconocen, por lo bajo, que la corrupción era moneda corriente antes de la reforma energética.

Pemex quebró porque la saquearon los altos funcionarios, el sindicato, el personal involucrado en el robo de gasolina y contratistas privados corruptos que vendían servicios y mercancías con enormes sobreprecios, señala Luis Pazos. 

Siguiendo esta línea, el director de "Energía a Debate", David Shields, advirtió categóricamente que la opinión pública debería preocuparse por las nuevas alianzas construidas entre Pemex y sus proveedores. Éstas fueron anunciadas por la empresa en febrero de este año pero, aun así, el tema se han mantenido lejos de la luces del discurso oficial. En este sentido afirmó:

"A todos nos debería importar lo que hace Pemex en materia de proveeduría, porque todavía se destinan grandes cantidades de recursos públicos, de nuestros impuestos, a esas contrataciones, sin que exista una vigilancia efectiva de esas erogaciones", señaló Shields a LPO.

La corrupción no es el único problema que se plantea sino también la confianza de los inversores, tan vital en esta fase de crecimiento del sector de hidrocarburos mexicano. Es preciso señalar que en 2014 Pemex provocó a sus proveedores una brusca pérdida de negocios y una crisis de insolvencia y quiebra por su pobre manejo de la situación derivada de la caída de los precios del petróleo. Con este antecedente, es preciso tener un control más asiduo de éste tipo de contrataciones para asegurar la tranquilidad de los inversores, analizan en el mercado.

Lamentablemente, en la actualidad, estos esquemas de contratación se llevan a cabo en las sombras ya que Pemex no informa públicamente quienes son las empresas contratadas bajo los acuerdos referenciales. Al no realizarse mediante licitaciones, existe una sensación en el sector de que se está favoreciendo a unos cuantos grandes proveedores en detrimentos de la mayoría de las compañías.

Si bien el sistema de contratación directa tiene sus ventajas al ser más rápido que un sistema de licitaciones, los antecedentes de la compañía generan desconfianza en el sector privado. Esto se acentúa por el hecho de que la empresa, hasta ahora, ha ignorado las exigencias de la Reforma Energética que demandan la existencia de testigos sociales para vigilar los procesos de contratación. Parece irónico que aún no se haya mencionado el tema, precisamente, cuando en ésta semana se publicaron los códigos de ética y conducta de Pemex.