Finalmente la amenaza de los separatistas catalanes se materializó en hechos concretos. El parlamento regional aprobó una ley que servirá como primer paso para convocar a un referéndum que luego buscará declarar la independencia de España, en lo que se erigió por lejos el principal problema político de la península, definido como un "choque de trenes".

La votación se produjo en una jornada dramática que expresó la tensión sin precedentes de la Generalitat de Cataluña que conduce el independentista Carles Puijdemont, con el gobierno español. Así, los catalanes lograron consumar lo que supone el mayor desafío a la unidad de España desde la transición, además de la peor crisis institucional en décadas.

El referéndum se aprobó en una sesión caliente, por 72 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra, por la ausencia de socialistas, liberales y conservadores, todos ellos opositores a la medida, que se retiraron del recinto en medio de denuncias de un "atentado a la democracia".

La ley sancionada contempla que la votación se celebre el 1º de octubre con la siguiente pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?" El resultado, dispone, será vinculante. No establece un piso de participación ni una cifra mínima de votos favorables para determinar el ganador. Establece que en caso de triunfar el sí, en un plazo de 48 horas se declarará la independencia y se abrirá un proceso de transición hasta la constitución definitiva de la nueva República.

Se trata del mayor desafío a la unidad de España desde la transición democrática. El referendum aprobado establece que de triunfar el sí, en apenas 48 horas se declarará la independencia de Cataluña.

Junts pel Sí y la CUP desoyeron todas las advertencias que hicieron los letrados de la Cámara sobre las consecuencias penales que podría acarrear la aprobación del referéndum, que según algunas versiones periodísticas podría ser suspendido este jueves por el Tribunal Constitucional.

Por lo pronto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, puso en marcha los mecanismos jurídicos para voltear las decisiones adoptadas por el Parlamento catalán ante lo que consideró un "grotesco ataque" a la Constitución. Y en el plano político se mostró con el líder del pincipal partido opositor, el socialista Pedro Sánchez, para mostrar un bloque político fuerte de rechazo a la movida independentista.

El debate parlamentario se postergó más de nueve horas. Los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP votaron por a favor del referéndum. Los 11 diputados Catalunya Sí, se abstuvieron. En tanto, Ciudadanos, el Partido Socialista Catalán (PSC) y el Partido Popular abandonaron el pleno durante la votación para no dar cobertura a una "ilegalidad".

Pese a las demoras, el debate parlamentario se liquidó en poco más de una hora y media, utilizando una rendija del reglamento del Parlament y la interpretación particular que hizo la mayoría independentista de la Mesa de la Cámara, con su presidenta, Carme Forcadell, al frente.

La jornada fue histórica y dejó múltiples momentos dramáticos. Uno de ellos fue cuando los diputados catalanes se retiraron a un receso cuando la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se acercó al estrado para exponerle a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, sus discrepancias por lo que consideraba una sesión ilegal.

Otro momento caliente fue cuando la diputada de Podemos, Àngels Martínez Castells, retiró las banderas españolas que los diputados del Partido Popular había dejado en el hemiciclo antes de retirarse del hemiciclo cuando se iba a iniciar la votación. Este gesto metió en un importante problema político al líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, que viene transitando la ambigüedad en la cuestión catalana.

El enfrentamiento entre los diputados independentistas y los de la oposición fue algo recurrente durante la jornada donde el grueso del debate se centró en cuestiones de forma.

La decisión de la diputada catalana de Podemos, Angels Martinez Castells, de retirar las banderas españolas del recinto del Parlamento, metió al líder de esa fuerza, Pablo Iglesias, en un incómodo problema político.

Después de la votación Ciudadanos anunció que impulsará una moción de censura, que difícilmente prosperará por la mayoría independentista existente en el Parlament.

La oposición no independentista consideró "escandaloso" que se pretenda incluir en el orden del día la ley del referéndum con atajos, y coincidió en que se estaban "pisoteando sus derechos" y vulnerando el propio reglamento del Parlamento regional.

Mientras tanto, a las puertas del Parlamento catalán, en el parque de la Ciudadela de Barcelona, pequeños grupos de partidarios y detractores de la secesión se enfrentaban a gritos, a favor y en contra de la independencia.

"Mussolini, Hitler y Franco (dictadores) votarían no, ¿y tú?", podía leerse en una pancarta de apoyo al referéndum del 1 de octubre, mientras en otra decía: "1-O, Estafa antidemocrática".

En ese clima, Rajoy pidió un informe al Consejo de Estado sobre la ley votada. Esa solicitud es el paso previo al recurso de inconstitucionalidad que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario.

El socialista Pedro Sánchez, también cargó duro contra el referéndum. "Solo existe democracia desde el respeto a la ley. Rechazamos cualquier propuesta aprobada que no la cumpla. Faltan garantías democráticas", escribió en su cuenta de Twitter.