Aun con cifras preliminares, el Gobierno mexicano estimó que el costo de los daños que dejaron los temblores de este septiembre podría ascender a los 38,000 millones de pesos, cifras que podrían modificarse en los próximos días, en tanto, ya se despliegan mecanismos para la reconstrucción de las zonas afectadas en ocho entidades.

En la Ciudad, el Gobierno a cargo de Miguel Ángel Mancera lanzó una línea de créditos hipotecarios y un plan de reparación de edificios por el sismo, ofreciendo 3,000 pesos para alquileres temporales. ¿Serán suficientes para reestablecer la normalidad de la vida de las personas afectadas? ¿La estrategia es la correcta?

En un ejercicio de La Política Online para comprender el alcance de estas medidas, se comparó los proyectos de países como Japón y Chile, con dos de los terremotos más mortíferos en menos de diez años.

Para atender la crisis tras los dos sismos, el Gobierno mexicano cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) mismo que tiene recursos por 9,000 millones de pesos, cifra que se puede complementar con el bono catastrófico emitido por el Banco Mundial por 360 millones de dólares.

De esta cifra, 150 millones de dólares son para terremotos; no obstante, en este caso, el bono del Banco Mundial sólo es válido para terremotos de magnitud mayor a 7.8 grados en la escala de Richter, lo que aplica para los estados de Oaxaca y Chiapas a raíz del evento con magnitud de 8.2 grados, más no para los estados de CDMX, Morelos y Puebla que vivieron el sismo del pasado 19 de septiembre.

También se cuenta con las donaciones que compañías como Google, Facebook y personalidades del deporte y los espectáculos han realizado, además aún se encuentra en debate la reasignación de recursos que se consideran en la partida presupuestal para el financiamiento a los partidos políticos, donde las propuestas de los propios actores políticos van de una reducción de 20%, pasando por el 50% hasta el 100 por ciento.

En la Ciudad, Mancera anunció un plan que caminará sobre tres ejes: una plataforma que centraliza la información de los daños; en el segundo, se atenderá la problemática de los desplazados, las viviendas derrumbadas y los edificios con daños severos -que incluye el apoyo de la renta por tres mil pesos- y una serie de créditos hipotecarios que dependerán del daño en las infraestructuras.

Infraestructura dañada en la delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

Cuartoscuro

El tercero es la constitución de una comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, un organismo que dará seguimiento a las medidas.

La experiencia con los otros países resulta acaso lejana, sin embargo, hay aspectos que resultarían importantes rescatar y que servirían de lección y ejemplo para el país.

Japón alecciona sobre la cultura aseguradora

La magnitud del terremoto que cimbró a Japón es incomparable en magnitud. Con una magnitud de casi 10 grados y una duración de seis minutos, los daños del sismo de marzo 2011 se multiplicaron por el subsecuente tsunami y afectaciones en la planta de Fukushima, incrementando la tragedia.

Como todo siniestro que impacta un país, sus repercusiones también se vieron expresadas en la economía. Para Japón, este sismo implicó una caída de 6% en su PIB -alrededor de 300,000 millones de dólares- mientras que en México, aún en cálculos prematuros, ya se estima una baja de 0.5%

Así, en su primera etapa, el país asiático implementó programas para la atención de damnificados y la reconstrucción y apoyo para bienes inmuebles, sin embargo a diferencia de México, su reactivación estuvo más enfocada en la macroeconomía.

La diferencia, explicó en diálogo con LPO el Doctor Carlos Uscanga, experto del centro de relaciones internacionales de la UNAM, radica en que "mientras en México el número de viviendas aseguradas es mínimo, en Japón explican que alrededor del 95% cuentan con este servicio, por lo que el Gobierno no tuvo que invertir una gran cantidad en ello".

En ese sentido, las autoridades niponas se enfocaron en la reactivación económica a través de varias estrategias: la primera -e inmediata- fue atención de daños y rescate a personas afectadas. Posteriormente se implementaron acciones para implementar la infraestructura y finalmente se desarrollaron medidas macroeconómicas y estímulos fiscales, como reducir de manera temporal cargas tributarias y facilitar el acceso a créditos.

Por último también se implementó el famoso "Abenomics", que no solo atendía los efectos del mortífero sismo, sino el estancamiento de años atrás en la economía. Con esto, se dio un estímulo monetario masivo, aumento del gasto público y reformas económicas significativas.

Para el especialista, comparando las respuestas de los Gobiernos, advierte que la mayor preocupación en México es la ausencia de supervisión en autoridades en edificaciones: se develó el grado de corrupción y de la falta de respeto de las empresas hacia las normatividades.

La experiencia chilena

En febrero de 2010 ocurrió el sismo con una magnitud 8.8, con el posterior tsunami, que golpeó la zona centro sur de Chile y afectó al 69% de las comunas de este país, en las que habita el 75% de su población. En términos económicos significó una caída de hasta 19% de su PIB.

Como explicó a este medio Roberto Moris, Arquitecto, de la Escuela de Arquitectura e Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hubo tres tipos de planes. El primero fue el de Reconstrucción Estratégico Sustentable PRES con financiamiento de diseño por parte del sector privado a través de donaciones (a la planificación) y con inversiones públicas.

El segundo fue el de Reconstrucción del Borde Costero PRBC18 fue un modelo desarrollado solo en la Región de Bío Bío que implicó el diseño de 18 planes maestros desde el gobierno regional; y finalmente el de Regeneración Urbana PRU que fueron desarrollados por licitaciones del gobierno central a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para aquellas localidades afectadas por terremoto, pero no por tsunami.

En el caso chileno más que créditos se manejaron subsidios en cuestión de vivienda. "Se trabajó en la flexibilización del subsidio de vivienda y logró generar cerca del 100% los subsidios y un alto porcentaje de proyectos entregados o en construcción".

Así, para el grupo de 220,000 familias que requerían vivienda en Estado puso a disposición mecanismos de subsidio para el desarrollo de proyectos colectivos e individuales. También instrumentos para la reparación.

Aunque el especialista también recalcó que "las aseguradoras lograron traer los recursos al país en una gestión colectiva muy destacada".

Detalló también respecto al financiamiento que se abordó fuertemente la inversión pública en infraestructura, donde se reorientaron los presupuestos corrientes hacia la reposición y mejoramiento de estándar donde fuera posible. Las obras que estaban concesionadas fueron recuperadas a través de las cláusulas de los contratos y con los seguros disponibles.