Cuando el grupo liderado por el operador Talos Energy LLC encontró aproximadamente 2 billones de barriles en julio jamás imaginó que tendría que compartirlos con Pemex. Menos aún, teniendo en cuenta que el descubrimiento se concretó gracias al aporte exclusivo de capital y recursos de la empresa texana.

El conflicto entre el consorcio privado y la empresa estatal tiene su origen en el hecho de que el depósito de crudo encontrado por Talos atraviesa la frontera que divide su bloque de una parcela adyacente perteneciente a Pemex.

Ahora, el gobierno debe reglamentar con celeridad la forma en la que estas dos empresas compartirán los recursos encontrados ya que existe un vacío en la legislación con respecto a situaciones de este tipo. En el sector la delicada situación encendió luces amarillas, porque lanzada la reforma energética con inversiones privadas por todo el territorio, no se descarta que se repitan situaciones similares. 

"Es muy importante que la legislación no se redacte de manera improvisada ya que la forma en la que se haga podría afectar el futuro del plan energético", afirmaron a LPO fuentes del sector.

La comunidad petrolera internacional sigue con mucha atención el caso ya que el resultado podría impactar sobre la rentabilidad de la actividad en México. De hecho, el grupo empresarial en cuestión (en el que está incluido también Sierra Oil & Gas y Premier Oil PLC, entre otros) advirtió que retrasará futuras inversiones hasta que el conflicto se resuelva y se tome una decisión.

A su vez, otras empresas que compraron derechos de exploración también están esperando la decisión del gobierno antes de realizar nuevos compromisos financieros. Al parecer, la ola de entusiasmo que comenzó en julio se ha convertido en una espera tortuosa.

Según lo declaró recientemente Raymundo Pinones, director de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), este tema es de los más importantes y podría producir un retraso en la inversión hasta que este conflicto se resuelva. Pinones subrayó la importancia de tener reglas de jugo claras, en un actividad que arriesga inversiones por miles de millones de dólares.

El secretario de Energía Coldwell junto a los directivos de Talos Energy, John Ashland Shepherd y Bill Moss; Timothy Lloyd de Premier Oil and Gas y Salvador Beltrán del Río e Iván Sandrea de Sierra Oil and Gas, durante la firma de los contratos.

Cuartoscuro

Hay que tener en cuenta que existe actualmente otra compañía que también tiene el mismo dilema. Se trata de la compañía italiana ENI SpA, cuyo descubrimiento este año en aguas someras de 1.4 billones de barriles está ubicado debajo de un pozo que pertenece a Pemex.

En cuanto a la posición de Pemex con respecto al conflicto con Talos, Sierra y Premier, González Anaya expresó que la compañía tiene derechos sobre los recursos hallados y peleará por un porcentaje de las ganancias. Esta declaración no fue muy bienvenida por el consorcio liderado por Talos ya que actualmente debe pagar el 83% de los beneficios de su campo (conocido como Zama-1) al gobierno mexicano. Compartir las ganancias con Pemex resultaría en un aumento de dicho porcentaje, reduciendo la ganancia drásticamente.

La italiana ENI atraviesa el mismo conflicto de Talos Energy. Descubrió en aguas someras 1,4 millones de barriles, debajo de un pozo de Pemex.

Desde el sector privado, diversas empresas internaciones tales como BHP Billinton Ltd han comenzado un proceso de lobby para influenciar a la Secretaría de Energía y, de esta forma, asegurarse de que la normativa que resuelva este diferendo responda a estándares internacionales. Según fuentes del sector, la problemática de los recursos que están esparcidos entre distintos bloques tiene sólidos precedentes internacionales con los cuales se puede llegar una legislación que satisfaga al sector privado.

Según el subsecretario de Hidrocarburos, Aldo Flores Quiroga, la legislación no será redactada para beneficiar a la compañía estatal. De hecho, señaló que en el futuro, situaciones similares pueden surgir entre empresas privadas ante las cuales se aplicarán las mismas reglas.

Claro que, el hecho de que el primer caso que ha surgido involucre a una empresa estatal, le otorga un componente sensible a la situación. Precisamente, desde el sector privado temen que se termine otorgando un tratamiento preferencial a Pemex -que vive una dramática crisis financiera-, algo que ya ha venido ocurriendo según afirmaron fuentes del sector a LPO.

"El gobierno debería extremar las recaudos, ya que si las empresas internacionales creen que la futura normativa no será justa, es muy probable que las inversiones se vean afectadas, deteriorando la producción y el rédito fiscal que el propio gobierno obtiene", concluyeron las fuentes consultadas.