El pasado fin de semana, en Tokio, se terminaron de caer las conversaciones entre Sprint y T-Mobile para fusionarse y consolidar el tercer player de telecom más grande en Estados Unidos, detrás de AT&T y Verizon. 

En esas conversaciones en Lejano Oriente se habló de México y los ejecutivos de Sprint dijeron que la reforma telecom del gobierno de Enrique Peña Nieto estaba "terminada" y que por ahora cualquier proceso de acercamiento al país estaba en suspenso. 

Algo muy parecido ocurre en AT&T que, según ejecutivos del sector, ha mandado a revisar de modo integral su plan para México. El motivo de ambas situaciones es que la Corte Suprema tumbó la tarifa cero para la interconexión. Ahora quienes quieran usar la infraestructura del preponderante Telcel, deberán volver a pagar.  

El Gobierno está registrando este negativismo y se hace preciso dar una señal al mercado. En los últimos días esta sobre la mesa de discusión el futuro de la licitación de la banda 2.5 GHz. A la actual administración le urge comenzar a desconcentrar ese espectro luego de que Carlos Slim le comprara su participación a la familia Vargas que controla MVS Radio. 

El plan oficial era realizar esta licitación a fines del 2018 pero todo podría acelerarse. Este concurso es clave para el mercado de comunicación celular y la banda ancha de internet. Los cabilderos de Telefónica están presionando fuerte para que un vez que sean oficiales las tarifas nuevas de interconexión, se implemente la licitación. Hasta el momento el conglomerado español no ha invertido en infraestructura hasta no saber que procentaje le toca.

El mensaje es muy claro: si no hay una reducción clara de participación de  Slim en este espacio radioeléctrico se llevarán a revisión todas las inversiones y no solo eso: habrá despidos, con lo que eso implica en plena carrera electoral.