Durante largos meses fue un tema urticante para Los Pinos. El malestar de las Fuerzas Armadas se hacía cada vez más evidente con esporádicas declaraciones públicas de Salvador Cienfuegos, quien al menos una vez por año expresaba el malestar de las tropas por no tener respaldo jurídico en una guerra que no habían decidido dar.

El dilema es histórico y el argumento reiterado. Los principales generales de las Fuerzas repetían que la formación del Ejército y de la Marina no estaba destinado a combatir al crimen organizado, y al hacerlo de manera forzada -por incapacidad de la política de garantizar policías profesionales- no podían arrinconarlos con denuncias en torno a los derechos humanos. Una verdad incómoda, claro.

Estos planteos se volvieron más evidentes después de varios episodios muy críticos, como Tlatlaya o Atenco. Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y un largo listado de funcionarios se cansó de agradecer públicamente la labor de las Fuerzas, al tiempo que exigían un marco legal para su intervención en la Seguridad Interior.

Así se construyeron varios proyectos de ley, sin dudas el más polémico el que César Camacho, que fue denunciado por organismos de derechos humanos por no brindar condiciones de certeza con planteos demasiado laxos.

La iniciativa de Camacho planteaba que en casos de "grave peligro" se podrá realizar el despliegue inmediato de las fuerzas "sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria en el menor tiempo posible". No quedaba claro cuáles son los casos de gravedad. Además, establecía que la Declaratoria podrá se renovada "cuantas veces sea necesario".

Quizás el punto más preocupante fue en materia de inteligencia, en donde se repitía el mismo esquema. Camacho planteaba que al desarrollar tareas de inteligencia, las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas "podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información". Se trata de una frase que sin dudas encendía alarmas.

El PRI cedió en estos puntos más polémicos y reescribió esos artículos, incluyendo siempre referencias sobre el "pleno respeto a los derechos humanos". Así llegaron hoy a San Lázaro, dispuestos a hacer valer su mayoría en alianza con el Verde, el PES y Nueva Alianza. 

En un tratamiento Fast Track, el proyecto obtuvo dictamen en comisión, con una aplastante mayoría. Todos los partidos de la oposición se expresaron en contra, menos la panista mexiquense Claudia Sánchez -hermana del cacique Óscar, de fuertes vínculos con el PRI de Eruviel- que acompañó con su firma al oficialismo. 

Ya en el pleno, el PRI logró 248 votos a favor en lo general y 115 en contra. La oposición fue muy dura en sus planteos, el común denominador fue expresar señalamientos de derechos humanos y la preocupación de que esta ley signifique la permanencia de la milicia en las calles, argumento que los diputados del Tricolor no se cansaron de desmentir. 

En ese punto fue tajante el panista Jorge Triana: "Creemos que este dictamen plantea convertir lo permanente en lo habitual. Lo extra legal en legal. Las fuerzas armadas no están preparadas para llevar acciones policiales. Cuentan con nuestro respeto y agradecimiento.

Les criticó a los priístas "querer regresar al pasado"y en esa tesitura les dijo: "Se han vuelto más calderonistas que Felipe Calderón" refiriendo a la llamada "guerra contra el narco" que resultó en miles de muertos. 

Tanto por el PAN como por el PRD hubo reproches de que se hubiera dejado fuera la ley de mando mixto. Los diputados del Sol Azteca coincidieron en los argumentos de que esta propuesta, lejos de solucionar "un problema gravísimo, perpetúan a las fuerzas armadas sin ser un incentivo para los estados y municipios de mejorar sus policías locales".

 Desde Movimiento Ciudadano, Macedonio Tamez, estableció que este dictamen es una "gran estafa" y un "engaño" para las Fuerzas Armadas y al pueblo de México

Por su parte, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, dijo que en la estrategia de seguridad sólo ha habido "ocurrencias" y dijo que su grupo parlamentario no puede estar a favor de que el Ejército haga las tareas de policías, además de que el dictamen es contrario a los tratados internacionales a lo que dice la ONU.