Será uno de los ejes de campaña, sin dudas. Por un lado, es básicamente el discurso central de Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño repite una y otra vez que terminará con la corrupción. Por el otro, es también una preocupación para Los Pinos. De hecho, fue uno de los activos de José Antonio Meade, un funcionario sin denuncias en su contra. 

Los números son elocuentes. Junto a la inseguridad, la corrupción es uno de los temas que más preocupan a los mexicanos. Así lo marcan los estudios del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que ubican sólo a la delincuencia por encima de este problemática.

Más del 88% de los mexicanos -cifra que suele repetirse en diversos estudios de opinión pública- consideran que la corrupción es una práctica que ocurre de manera frecuente o muy frecuentemente entre los servidores públicos o empleados del gobierno, quienes son percibidos de abusar de sus funciones para obtener beneficios personales. El número es alarmante.

Pero no todas las entidades tienen la misma valoración. Según el INEGI, la tasa de mayor incidencia en temas de corrupción es por lejos para el Estado de México. Con la excusa del Día de la Lucha contra la Corrupción, el Instituto presentó un informe que también refuerza los señalamientos del sector empresarial como uno de los mayores problemas para potencia la economía.

De acuerdo con el estudio, la entidad de tradición priista que hoy gobierna Alfredo del Mazo, no solo lidera en inseguridad, sino también en incidencia en actos de corrupción. En 2015, aún bajo el gobierno de Eruviel Ávila, 62,120 de cada 100,000 habitantes fueron víctimas de un acto de corrupción por un funcionario público.

Según el INEGI, el mayor número de actos de este tipo ocurre dentro de la burocracia, cuando se necesita realizar trámites o servicios con autoridades, principalmente de seguridad pública y justicia.