La reforma propuesta por un grupo de senadores del PRI para modificar la Ley Federal de Trabajo (LFT) y lograr una versión más laxa del sistema de subcontratación u outsourcing, preocupa a algunos especialistas en en el mundo del trabajo porque podría aumentar la precariedad laboral, un problema muy extendido en México.

La iniciativa fue propuesta el pasado jueves por los priístas, Tereso Medina Ramírez, miembro de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) e Isaías Gonzáles Cuevas, integrante y ex funcionario de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). La discusión pasó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos.

De acuerdo a la actual configuración de la LFT, las subcontrataciones deben cumplir los siguientes requisitos: que los servicios sean de carácter especializado (no asociados a la actividad del contratante); que no sean iguales a los ejecutados por la empresa y que las actividades no ocupen la totalidad del quehacer de la empresa contratante.

Estos requisitos evitan que el uso de la tercerización se masifique en la economía al permitirle a las empresas bajar sus costos laborales en detrimento de ciertos derechos de los trabajadores.

Si bien muchas organizaciones empresariales y el mismo el gobierno han hecho hincapié en que el objetivo de la reglamentación vigente siempre ha sido cuidar los derechos de los trabajadores, en la práctica se suelen dar una heterogeneidad de situaciones en donde las empresas se aprovechan de ciertas ambigüedades en la aplicación de la ley o directamente la desobedecen.

Según Edmundo Escobar, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), pese a existir una certeza legal, la reforma del 2012 que habilitó y limitó el outsoursourcing, no contó con las especificaciones para hacer que se aplique la ley y por ello provocó que ante los abusos se "satanice" la práctica de tercerización.

Según las autoridades de AMECH, el outsourcing bien implementado no solo puede significar ventajas para las empresas (flexibilidad para adaptarse a los ciclos económicos) sino que también puede presentar beneficios para los trabajadores al poder estos brindar sus servicios a distintas empresas y al garantizar el acceso a un empleo digno y formal que cumpla con la ley. "El problema está en la aplicación de la ley no en la normativa como tal", señaló un vocero la asociación.

Asimismo destacan que la asociación, la cual agrupa a las 21 principales empresas de servicios de tercerización de personal y empleo formal en México, puede constituir una entrada al empleo juvenil al representar los jóvenes menores a 25 años el 35% de los trabajadores vinculados.

Adicionalmente la asociación recomienda que siempre se verifiquen que los recibos de pagos vayan completos al Seguro Social. Esto es importante en un país donde el 80% de las personas en edad de retiro se encuentran sin pensión.

El senador panista Javier Lozano, artífice de la reforma laboral del 2012 junto a colegas del bloque.

Cuartoscuro

Lo que se propone en la nueva reforma es eliminar todos los requisito mencionados anteriormente solo quedando el registro en el IMSS y la obtención de una constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esto según, un experto consultado, podría significar "abrir una Caja de Pandora" al posibilitarse el uso masivo de la subcontratación. Actualmente este tipo de contrataciones solamente representa un 1% de los empleos registrados en el IMSS.

Adicionalmente, se propone eliminar la exigencia vigente de que las empresas contratantes corroboren que las empresas subcontratadas cumplan con las obligaciones laborales. También se pretende anular la prohibición de transferir empleados propios a las empresas terciarizadas con el fin reducir los costos laborales.

Si bien el gobierno comentó que estas modificaciones generarían mayor empleo, especialistas del mercado de trabajo sostienen que el resultado será un aumento considerable de los trabajos precarios al autorizarse la subcontratación sin condiciones, lo que vulnera los derechos laborales.

La reforma va por otro lado en el sentido de tendencias que se observan en países que han salido de crisis económicas, como Estados Unidos y España, donde en efecto en la actualidad se crea más empleo, pero pero pago y con menores prestaciones. Más cantidad a costa de menos calidad es el resultado.