Fue un largo debate, que se extendió durante gran parte de la madrugada. Finalmente, poco después de las tres de la mañana de este viernes, el Gobierno consiguió aprobar en el Senado la Ley de Seguridad Interior. Concedió algunos cambios para sumar votos panistas, y por ese motivo volverá a San Lázaro.
La media sanción se logró con 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, con una nueva demostración de que la estrategia de seguridad no es uno de los temas que unen a los integrantes del Frente.
Como ya habÃa ocurrido en comisiones, el PRD rechazó de plano esta ley, mostrando una postura más parecida a la Morena que a la del PAN. El blanquiazul, en cambio, tuvo un comportamiento muy diverso.
Los "rebeldes", como era de esperarse, acompañaron en su gran mayorÃa al bloque oficialista, salvo algunos casos como Salvagor Vega, que estuve ausente, no queda claro si por motivos de agenda o para evitar una postura. Se sabe que en las votaciones difÃciles o incómodas muchos optan por organizarse otro evento para excusarse.
Como sea, los anayistas también votaron fracturados. Jorge Luis Preciado ya lo habÃa demostrado en comisiones, acompañando el dictamente. El colimense también decidió resguardarse y ausentarse en la votación del pleno. Su colaboración con el oficialismo ya habÃa quedado sellada.
Alejandro Fernández Sánchez Navarro (de Baja California), las dos tamaulipecas Andrea GarcÃa y Sandra Luz GarcÃa Guajardo son ejemplos de los que -al menos en teorÃa- están con el Frente de Ricardo Anaya y aun asà acompañaron al Gobierno.
"El tema es que varios gobernadores necesitan de las Fuerzas Armadas porque están atravesando momentos muy duros de violencia e inseguridad", justificaron a LPO desde el blanquiazul.
La maratónica discusión duró 15 horas continuas, y en todo momento Morena y el PRD denunciaron la presunta inconstitucionalidad de la norma por no respetar los derechos humanos ni las demandas de organismos internacionales.
La minuta tuvo una decena de cambios, muchas pedidas por el PAN, y por ese motivo fue regresada a la Cámara de Diputados para su eventual discusión y aprobación antes de que termine el periodo ordinario de sesiones.
Entre los principales cambios aprobados por los senadores destacan la adición de un quinto artÃculo transitorio en el que se establece que 180 dÃas después de la entrada en vigor de la Ley, los gobernadores y los presidentes municipales donde las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad, presenten un programa con plazos, acciones y presupuesto necesarias para el fortalecimiento de las policÃas locales.
La Ley señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios no podrá excederse de un año, y podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior.
Entre los cambios se quitó del texto que las protestas sociales no serán consideradas como amenazas a la seguridad nacional.
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