Donald Trump logró concretar su reforma fiscal y suma las presiones para México, a quien toma de sorpresa, en un escenario donde preocupa el impuesto corporativo que tendrá Estados Unidos de 21% y que entrará en vigor apenas empiece el 2018. Para los especialistas, México tendrá poca capacidad de respuesta.

Hasta ahora, la decisión del Gobierno y de la Secretaría de Hacienda, que hoy comanda José Antonio González Anaya, ha sido la de esperar y analizar con detalle la propuesta que tuviera el país vecino. La apuesta -así como la de gran parte del mercado- es que entraría en vigor hasta 2019.

Pero este viernes, los republicanos en el Congreso divulgaron la versión final de esta propuesta tributaria -luego de alcanzar un acuerdo entre la Cámara de Representantes y el Senado- que tiene en la mira una reducción de impuestos a las empresas así como a algunas familias estadounidenses de clase media y alta. 

Se prevé que la votación de la reforma fiscal se realizará en las próximas horas para pasar después al Despacho Oval del presidente Trump, quien "la sellará" con su firma y entraría en vigor el 1° de enero de 2018. 

De acuerdo con lo acordado, la medida reduciría el Impuesto sobre la Renta (ISR) que pagan las empresas de 35 a 21%, a pesar de que en un inicio lo que Trump buscaba era que se quedara en 15%, para después modificarlo a 20%.

Además, crearía una deducción impositiva de 20% para propietarios de empresas pequeñas -sociedades o con un solo propietario-, permitiría la cancelación de los costos de nuevos equipos por parte de las corporaciones y eliminaría el impuesto mínimo alternativo a las empresas, de acuerdo al documento al que tuvo acceso Reuters.

Asimismo, la medida mantendría los actuales siete tramos impositivos individuales y familiares (y no a cuatro como propuso la Cámara de Representantes), con tasas de 10, 12, 22, 24, 32, 35% y una tasa máxima de 37% para los contribuyentes con mayores ingresos, la cual actualmente se encuentra en 39.6 por ciento.

Otro cambio al sistema tributario es la eliminación del incentivo fiscal a empresas privadas que subsidian el costo del pasaje, estacionamiento y uso de bicicleta de sus empleados.

Para México, el impacto de manera inmediata será hacer menos competitivas a las empresas nacionales, con un sistema tributario mucho más atractivo en Estados Unidos, por lo que ya se prevé que afecte a la Inversión Extranjera Directa (IED).

La preocupación más grande es que ante la mesura del Gobierno, no hay una estrategia para hacer frente a este nuevo escenario. "González Anaya tiene muy poco marco de acción y afectará por que las proyecciones del Gobierno es que esta reforma entrara en vigor hasta 2019", consideró el especialista Arturo Carranza, en diálogo con La Política Online.

Con un paquete fiscal para 2018 en México discutido y aprobado, las modificaciones que el país pudiera hacer entrarán en vigor hasta 2019, señaló el analista, quien agregó que este elemento abonará mayor volatilidad en el mercado cambiario, lo que tendrá mayores presiones para el peso.

En una respuesta espejo, México podría reducir el ISR, que actualmente está en 30%, sin embargo, para Adrián García, especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), esto haría que el Gobierno recaudara aún menos, dejando menor margen para pago de pensiones o de deuda, por ejemplo. 

Sin embargo, el analista del CIEP considera que no todo es negativo. Por ejemplo, el hecho de que la reforma pase ya recién arranque el próximo año no sólo toma de sorpresa al Gobierno mexicano, sino también a las empresas, que no podrían hacer una mudanza en lo inmediato y por tanto, las repercusiones no se verían en el corto plazo. 

Además, reconoce que si bien las empresas estadounidenses tendrán como ventaja el tema fiscal, en México la mano de obra barata seguirá siendo atractiva. "Las empresas seguirán considerando este factor para quedarse en el país".