Carlos Slim tuvo una dura derrota judicial en la Argentina, donde su marca de telefonía celular Claro concentra un tercio del mercado.

Slim había intentado eludir el pago de 1.700 millones de pesos al sindicato de los trabajadores telefónicos (Foetra) por un conflicto de encuadramiento sindical y de transferencia de aportes.

El caso llegó hasta la Corte Suprema y el dueño de Telcel sumó los servicios de un destacado operador judicial, amigo del presidente del máximo tribunal argentino, Ricardo Lorenzetti.

Se trata del ex senador y ex presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, que suelen representar a grandes empresas necesidad de aceitar sus vínculos con el gobierno de Macri.

Sanz es una suerte de ministro sin cartera del gobierno de Macri. Fue clave para encolumnar al partido radical detrás de su candidatura y se lo llegó a mencionar hasta como jefe de Gabinete de la actual administración. Al inicio del gobierno de Macri Sanz recazó la cartera de Justicia y prefirió ayudarlo políticamente "desde afuera" del Gobierno.

Slim encargó al ex senador Ernesto Sanz la gestión ante el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Los ejecutivos de Slim advirtieron a dos ministros de Macri que si la Corte Suprema confirmaba el fallo en su contra, frenarían las inversiones previstas para el 2018. La presión molestó al presidente argentino.

Fuentes al tanto de lo ocurrido confirmaron a LPO que Macri se molestó porque se enteró que en la Corte Suprema habrían interpretado los pedidos de Gil Laveedra y Sanz a favor de Slim, como un pedido de la Presidencia.

Esta delicada situación que ponía al gobierno de Macri haciendo lobby ante la Corte Suprema para favorecer a una empresa, terminó mal: el máximo tribunal argentino se curó en salud, rechazó los planteso de Slim y confirmó la sentencia de la justicia laboral que lo obliga a pagar 1.700 millones a los trabajadores.

Los ejecutivos de Slim que en la Argentina conduce Julio Porrás jugaron fuerte y advirtieron a los ministro de Macri que no invertirán en 2018 los 500 millones de dólares que preveían, si el fallo se mantiene en pie.

Macri no tomó bien la presión, ni que hayan contratado a destacados operadores políticos de su coalición para influir sobre la Corte Suprema.

El conflicto se originó porque de los 4.000 empleados que tiene Claro en la Argentina, un 30 por ciento está afiliada al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), lo que provocó el reclamo judicial del gremio telefónico para que se adecúe correctamente a los trabajadores.

La empresa de Slim es la única de las telefónicas que operan en la Argentina que se resiste a normalizar el encuadramiento sindical de sus trabajadores. Telecom, Telefónica y Nextel ya lo hicieron.

El revés judicial debe haber molestado mucho a Slim, porque suspendió una visita que tenía prevista para octube pasado a Buenos Aires.