Loma de Bácum
Preocupación: El conflicto de los Yaquis en Sonora podría golpear las inversiones energéticas
Los proyectos frenados por disputas con comunidades locales están generando incertidumbre entre los inversores.

La apertura energética en México se enfrentó a diversos cuestionamientos, que en rigor aun generan profundos debates. En otros aspectos, las disputas medioambientales y sociales a nivel territorial en muchas ocasiones involucraron a comunidades originarias. Conflictos que han traído como consecuencia el detenimiento de muchas actividades del sector energético, afectando drásticamente el desarrollo de las empresas privadas que operan en el país.

El sector empresarial cuestiona el manejo en la gestión de estos conflictos focalizados, pero que en muchos casos terminó con protestas que se han convertido en verdaderos actos de sabotaje. Los analistas temen que muchas empresas inversoras se retiren de proyectos en marcha por la inviabilidad de llevarlos a cabo.

Para algunos expertos, incluso, la propagación de estas disputas podrían llegar a favorecer a AMLO quien siempre ha expresado sus reservas con respecto a la reforma energética, al menos en su discurso de campaña. Como adelantó LPO hace varios meses, sus asesores economistas admiten públicamente que la reforma energética no se podrá tumbar.

El caso que resuena esta semana es el de Loma de Bácum y sus 4,500 habitantes en Sonora, donde una parte de las tuberías de gas natural de la empresa Sempra Energy se encuentra en el ojo del huracán. Dichos conductos tienen un costo de 400 millones de dólares y son parte de la red que pretende transportar gas desde Arizona hacia la costa pacífica de México.

Los Yaquis consideran que la construcción del gasoducto es una intromisión a su territorio y frenaron las obras. El conflicto comenzó en agosto y sigue sin resolución.

Debido al conflicto, no se ha efectuado ninguna actividad desde el mes de agosto, momento en el cual los miembros de la tribu Yaqui, enfurecidos por lo que consideraron un traspaso no autorizado de su tierra, utilizaron una retroexcavadora para perforar y extraer un segmento de 7 metros del gasoducto, dejando la extensión de la tubería cercana a la comunidad perpendicular con respecto al resto de la red.


Como consecuencia, el transporte de gas de Arizona a México se ha desplomado un 37%. Debido a esto, el servicio público de México ha tenido que quemar combustible para generar energía, por supuesto, aumentando los costos.

El origen del conflicto

Los Yaquis de Loma Bacum dicen que las autoridades comunitarias les preguntaron en 2015 si querían que un tramo de nueve millas del gasoducto pasara por sus tierras y que ellos respondieron que no. La construcción se llevó a cabo de todas formas.

La Secretaría de Energía reconoció en un comunicado que lo que afirma la colectividad indígena es verdadero. Según lo exigido por la ley, se habían consultado a ocho comunidades Yaqui de la cuales siete dieron el visto bueno. El pueblo de Loma Bacum, precisamente, fue la única que rehusó el consentimiento.

El proyecto está ahora en una vacío legal y la empresa Ienova -la unidad de Sempra que opera el gasoducto- aguarda la decisión judicial que les permitiría entrar al territorio y reparar los daños o redirigir las tuberías para que pasen por otro lado, lo cual sería más costoso.

Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora.


La punta del Iceberg

Según el ex secretario de Energía, Jesus Reyes-Heroles, este es un caso más entre muchos otros, destacando en una reciente declaración que los proyectos frenados van más allá de tuberías y que, de hecho, en algunos casos, la oposición viene de rancheros que "abusan de su situación para sacar dinero de ello".

"A menos que los procedimientos de consulta pública se realicen atendiendo al Convenio 169 de la OIT, pero sobre todo informando los alcances del proyecto, los beneficios hacia las comunidades y escuchando las inquietudes de los pueblos indígena, muchos proyectos seguirán sufriendo interrupciones lo que podría llevar a que la mayoría de los proyectos energéticos terminen por no prosperar", señaló Edgar Murga especialista en el sector quien diálogo con LPO.

Adicionalmente, esto podría repercutir negativamente en la economía al sembrar dudas en las empresas que quieran invertir en el sector. De hecho, según fuentes consultadas, ya hay rumores de que las firmas subcontratadas por Sempra están pensando en retirarse.

Muchos proyectos seguirán sufriendo interrupciones lo que podría llevar a que la mayoría de los proyectos energéticos terminen por no prosperar

La raíz del problema se encuentra en el hecho de que la ley de hidrocarburos es relativamente nueva, por lo que recién se está viendo cómo funciona en la práctica. La figura legal de la "suspensión del acto reclamado", que se prevé como medida cautelar en un juicio de amparo, es la que permite frenar la obra hasta la resolución del juicio. Precisamente, este es el recurso que las comunidades en situación de vulnerabilidad utilizan cuando aparece algún desacuerdo.


"La clave es que exista una ponderación al momento de determinar la viabilidad de un proyecto, de manera tal que si la mayoría de las comunidades está a favor que se realice el proyecto, este se debe autorizar, claro está escuchando a todas las comunidades y respetando sus derechos fundamentales", agregó Murga.

En junio, una protesta que tuvo lugar en el Estado de Chiapas llevó a que la Secretaría de Energía descartara una licitación de exploración de petróleo en dos bloques. A su vez, en el Estado de Oaxaca, comunidades locales han frenado el desarrollo de proyectos eólicos argumentando justamente, la falta de consulta.

¿Cómo evitar las disputas?

México reconoce a 70 grupos indígenas, los cuales conforman una población de más de 12 millones de personas. El trabajo de realizar la consulta y la evaluación de impacto social recae sobre un equipo de la SENER que solo cuenta con seis integrantes.

"¿Podría la Secretaría de Energía volverse más eficiente en el proceso de consulta? Si, por supuesto que podría", señaló Aldo Flores, Subsecretario de hidrocarburos, en una entrevista. Flores acotó que se está pensando en ampliar el equipo para aumentar la eficiencia de la evaluación.


Aun así, expertos aseguran que el problema se encuentra en el vacío legal existente debido a la ausencia de una ley federal. Por ello no queda otra opción más que recurrir a protocolos de actuación o normatividad internacional como el artículo 169 de la OIT.

"Lo que hay es un conflicto de derechos: por un lado el artículo 2° de las constitución el cual protege los derechos de las comunidades indígenas y, por el otro, el marco legal que enmarca los proyectos que benefician a toda la sociedad. Como en la mayoría de los casos los jueces son garantistas es el artículo 2° el que prevalece ya que les dan prioridad a los reclamos de las comunidades indígenas que exigen el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Y es que estos pueblos han sufrido mucho a lo largo de la historia por lo que los jueces velan por que se respeten sus derechos, sin embargo, al momento de emitir sus resoluciones deben hacer una ponderación de derechos y analizar detenidamente cada caso concreto", expresó Murga.

Las consultas previas son una parte de la ley que asegura el respeto de las garantías de las comunidades, así como lo es la realización de una adecuada evaluación de impacto social. Ahora bien, ambas, si bien en el caso de las primeras deben ser realizadas por el Estado, en todos los casos deben tener la participación activa de las empresas para que éstas puedan explicarles a las comunidades los beneficios de llevar a cabo dichas actividades y para que puedan responder a todas sus dudas.

Para ello, se necesitaría un equipo de expertos que comprendan la idiosincrasia y cosmovisión de estos pueblos y así llegar a un mutuo acuerdo, pero lo más importante es que se le dé seguimiento al cumplimiento de los citados acuerdos. "Una comunidad informada acepta los proyectos", finalizó Murga.

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