La apertura energética en México se enfrentó a diversos cuestionamientos, que en rigor aun generan profundos debates. En otros aspectos, las disputas medioambientales y sociales a nivel territorial en muchas ocasiones involucraron a comunidades originarias. Conflictos que han traÃdo como consecuencia el detenimiento de muchas actividades del sector energético, afectando drásticamente el desarrollo de las empresas privadas que operan en el paÃs.
El sector empresarial cuestiona el manejo en la gestión de estos conflictos focalizados, pero que en muchos casos terminó con protestas que se han convertido en verdaderos actos de sabotaje. Los analistas temen que muchas empresas inversoras se retiren de proyectos en marcha por la inviabilidad de llevarlos a cabo.
Para algunos expertos, incluso, la propagación de estas disputas podrÃan llegar a favorecer a AMLO quien siempre ha expresado sus reservas con respecto a la reforma energética, al menos en su discurso de campaña. Como adelantó LPO hace varios meses, sus asesores economistas admiten públicamente que la reforma energética no se podrá tumbar.
El caso que resuena esta semana es el de Loma de Bácum y sus 4,500 habitantes en Sonora, donde una parte de las tuberÃas de gas natural de la empresa Sempra Energy se encuentra en el ojo del huracán. Dichos conductos tienen un costo de 400 millones de dólares y son parte de la red que pretende transportar gas desde Arizona hacia la costa pacÃfica de México.
Debido al conflicto, no se ha efectuado ninguna actividad desde el mes de agosto, momento en el cual los miembros de la tribu Yaqui, enfurecidos por lo que consideraron un traspaso no autorizado de su tierra, utilizaron una retroexcavadora para perforar y extraer un segmento de 7 metros del gasoducto, dejando la extensión de la tuberÃa cercana a la comunidad perpendicular con respecto al resto de la red.
Como consecuencia, el transporte de gas de Arizona a México se ha desplomado un 37%. Debido a esto, el servicio público de México ha tenido que quemar combustible para generar energÃa, por supuesto, aumentando los costos.
El origen del conflicto
Los Yaquis de Loma Bacum dicen que las autoridades comunitarias les preguntaron en 2015 si querÃan que un tramo de nueve millas del gasoducto pasara por sus tierras y que ellos respondieron que no. La construcción se llevó a cabo de todas formas.
La SecretarÃa de EnergÃa reconoció en un comunicado que lo que afirma la colectividad indÃgena es verdadero. Según lo exigido por la ley, se habÃan consultado a ocho comunidades Yaqui de la cuales siete dieron el visto bueno. El pueblo de Loma Bacum, precisamente, fue la única que rehusó el consentimiento.
El proyecto está ahora en una vacÃo legal y la empresa Ienova -la unidad de Sempra que opera el gasoducto- aguarda la decisión judicial que les permitirÃa entrar al territorio y reparar los daños o redirigir las tuberÃas para que pasen por otro lado, lo cual serÃa más costoso.
La punta del Iceberg
Según el ex secretario de EnergÃa, Jesus Reyes-Heroles, este es un caso más entre muchos otros, destacando en una reciente declaración que los proyectos frenados van más allá de tuberÃas y que, de hecho, en algunos casos, la oposición viene de rancheros que "abusan de su situación para sacar dinero de ello".
"A menos que los procedimientos de consulta pública se realicen atendiendo al Convenio 169 de la OIT, pero sobre todo informando los alcances del proyecto, los beneficios hacia las comunidades y escuchando las inquietudes de los pueblos indÃgena, muchos proyectos seguirán sufriendo interrupciones lo que podrÃa llevar a que la mayorÃa de los proyectos energéticos terminen por no prosperar", señaló Edgar Murga especialista en el sector quien diálogo con LPO.
Adicionalmente, esto podrÃa repercutir negativamente en la economÃa al sembrar dudas en las empresas que quieran invertir en el sector. De hecho, según fuentes consultadas, ya hay rumores de que las firmas subcontratadas por Sempra están pensando en retirarse.
La raÃz del problema se encuentra en el hecho de que la ley de hidrocarburos es relativamente nueva, por lo que recién se está viendo cómo funciona en la práctica. La figura legal de la "suspensión del acto reclamado", que se prevé como medida cautelar en un juicio de amparo, es la que permite frenar la obra hasta la resolución del juicio. Precisamente, este es el recurso que las comunidades en situación de vulnerabilidad utilizan cuando aparece algún desacuerdo.
"La clave es que exista una ponderación al momento de determinar la viabilidad de un proyecto, de manera tal que si la mayorÃa de las comunidades está a favor que se realice el proyecto, este se debe autorizar, claro está escuchando a todas las comunidades y respetando sus derechos fundamentales", agregó Murga.
En junio, una protesta que tuvo lugar en el Estado de Chiapas llevó a que la SecretarÃa de EnergÃa descartara una licitación de exploración de petróleo en dos bloques. A su vez, en el Estado de Oaxaca, comunidades locales han frenado el desarrollo de proyectos eólicos argumentando justamente, la falta de consulta.
¿Cómo evitar las disputas?
México reconoce a 70 grupos indÃgenas, los cuales conforman una población de más de 12 millones de personas. El trabajo de realizar la consulta y la evaluación de impacto social recae sobre un equipo de la SENER que solo cuenta con seis integrantes.
"¿PodrÃa la SecretarÃa de EnergÃa volverse más eficiente en el proceso de consulta? Si, por supuesto que podrÃa", señaló Aldo Flores, Subsecretario de hidrocarburos, en una entrevista. Flores acotó que se está pensando en ampliar el equipo para aumentar la eficiencia de la evaluación.
Aun asÃ, expertos aseguran que el problema se encuentra en el vacÃo legal existente debido a la ausencia de una ley federal. Por ello no queda otra opción más que recurrir a protocolos de actuación o normatividad internacional como el artÃculo 169 de la OIT.
"Lo que hay es un conflicto de derechos: por un lado el artÃculo 2° de las constitución el cual protege los derechos de las comunidades indÃgenas y, por el otro, el marco legal que enmarca los proyectos que benefician a toda la sociedad. Como en la mayorÃa de los casos los jueces son garantistas es el artÃculo 2° el que prevalece ya que les dan prioridad a los reclamos de las comunidades indÃgenas que exigen el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Y es que estos pueblos han sufrido mucho a lo largo de la historia por lo que los jueces velan por que se respeten sus derechos, sin embargo, al momento de emitir sus resoluciones deben hacer una ponderación de derechos y analizar detenidamente cada caso concreto", expresó Murga.
Las consultas previas son una parte de la ley que asegura el respeto de las garantÃas de las comunidades, asà como lo es la realización de una adecuada evaluación de impacto social. Ahora bien, ambas, si bien en el caso de las primeras deben ser realizadas por el Estado, en todos los casos deben tener la participación activa de las empresas para que éstas puedan explicarles a las comunidades los beneficios de llevar a cabo dichas actividades y para que puedan responder a todas sus dudas.
Para ello, se necesitarÃa un equipo de expertos que comprendan la idiosincrasia y cosmovisión de estos pueblos y asà llegar a un mutuo acuerdo, pero lo más importante es que se le dé seguimiento al cumplimiento de los citados acuerdos. "Una comunidad informada acepta los proyectos", finalizó Murga.
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