Fue quizás una de las últimas crisis de su mandato. Sobre el final de su administración, Cristina Kirchner fue blanco de duras críticas por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman, que preparaba una denuncia en su contra por el supuesto encubrimiento a Irán en la causa del atentado a la AMIA, casualmente un proceso judicial que hoy tiene contra las cuerdas a la ex Presidente.

El fiscal apareció muerto en su departamento de la exclusiva colonia de Puerto Madero, justo un día antes de presentar formalmente su denuncia ante el Congreso. Desde entonces, un debate nacional se abrió, mientras las primeras pericias intentaban determinar qué había pasado. ¿Nisman se había suicidado o lo habían asesinado?

Ese interrogante tuvo una primera respuesta oficial de la Justicia. El magistrado federal Julián Ercolini procesó al técnico en informática Diego Lagomarsino como partícipe necesario del asesinato del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman. En su fallo, afirmó además que la muerte del fiscal, ocurrida en enero de 2015, "no obedeció a un suicidio".

Lagomarsino, quien asesoraba a Nisman en temas informáticos, reconoció en más de una oportunidad ser el dueño del arma de la que salió el disparo que mató al fiscal, aunque siempre sostuvo que el investigador se la había pedido prestada un día antes de aparecer muerto.

En simultáneo, el juez federal Claudio Bonadío dejó más cerca del juicio oral a Cristina Kirchner por el encubrimiento de Irán, luego de habilitar la feria judicial y estableció que las partes del caso Amia se expidan a partir del 10 de enero.

En un fallo de 656 páginas, Ercolini le trabó a Lagomarsino un embargo de 15 millones de pesos, le prohibió salir del país y, aunque no le dictó la prisión preventiva, dispuso que sus desplazamientos sean controlados mediante una tobillera con GPS.

El supuesto experto en informática no podrá alejarse de su domicilio declarado por más de 24 horas ni más de 10 kilómetros sin autorización del juez y deberá comparecer al juzgado cada 15 días.

El magistrado también procesó a 4 custodios de Nisman a los que acusó de haber cometido el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por desproteger al fiscal del caso AMIA.

A los policías federales Rubén Benitez, Luis Miño y Armando Niz, el juez los procesó como coautores del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y de "encubrimiento agravado" por "tratarse de un hecho precedente a un delito grave".

A todos les trabó embargos de 500 mil pesos, les prohibió salir del país y les fijó la obligación de presentarse en ante el juzgado federal 10 cada 15 días. En tanto, al custodio Néstor Durán el juez le trabó un embargo por 50 mil pesos de embargo y lo procesó solo por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".