Este 31 de enero tendrá lugar la mayor licitación petrolera del sexenio de Peña Nieto. El secretario de Energía, Pedro Coldwell, vaticinó que en esta nueva ronda de áreas de aguas profundas se logrará una asignación exitosa de 7 bloques de los 29 licitados.

Nadie duda que la llamada ronda 2.4 es un evento importante para el país: los bloques que se encuentran en el Golfo de México cuentan con reservas equivalente a 4 mil 200 millones de barriles de crudo. Adicionalmente, para tener un punto de comparación, el total de áreas contractuales constituye tres veces la correspondiente a la última ronda que involucró bloques en aguas profundas.

Ahora bien, llama la atención la baja expectativa de Energía que proyecta asignar tan solo un cuarto de los bloques licitados. "Esas expectativas están por debajo del promedio de las otras licitaciones", comentó David Shields, director de Energía a Debate en dialogo con LPO. Por otro lado, Álvaro Ríos Roca, socio director de Gas Energy Latin América (GELA), consideró que el número esperado puede considerarse aceptable.

Según Edgar Espejel, mananging partner de E&M Business Lawyers, el carácter exitoso de la proyección puede estar relacionada con la cantidad de dinero que se obtenga para las inversiones así como las futuras ganancias generadas. "Es claro que dado que el tamaño de las reservas de los bloques es muy grande, la cantidad de dinero que van a generar será mucha pese tratarse de tan solo 7 los bloques proyectados para asignarse. En ese sentido, puede considerarse exitoso el proyecto. Ahora bien, sería aún más exitoso si se asignaran más de la mitad de los bloques", señaló en dialogo con LPO.

La Secretaría de Hacienda espera obtener 31 mil 50 millones de dólares para explotar al menos siete áreas y, para su buena fortuna, las 16 empresas que participarán en solitario, entre las que se destacan Petronas, Total, BP, Statoil y Royal Dutch Shell, Exxon Mobil y Chevron, suman una caja superior a los 200 mil millones de dólares.

"Que 29 empresas se hayan presentado a la subasta es un buen promedio ya que están incluidas varias grandes, lo que demuestra su interés pese a la limitaciones de los contratos", destacó Espejel. Los permisos de explotación serán por 35 años con prórrogas que estiran la concesión hasta medio siglo.

Detalle de la ubicación de los 29 bloques que se licitarán en el Golfo de México.

Sin embargo, la pregunta del millón es: ¿Por qué no se espera una asignación superior? Hay muchos motivos, algunos más técnicos y otros más políticos. "A veces ciertos bloques pueden no considerarse atractivos ya sea por el precio, las regalías, la información disponible sobre el mismo, la regulación, etc...", opinó Alejandro López Velarde, socio de la firma de abogados López Velarde, Wilson, en diálogo con LPO.

Para el caso de esta licitación el valor máximo de regalía adicional será de un 20% mientras que los valores mínimos oscilan entre el 3,1% y el 5%. Es preciso aclarar que estos valores son superiores a los que se registraron la última subasta de bloques en aguas profundas.

Pero también incide la política, que este año definirá en México el próximo presidente, con la incertidumbre que genera un eventual triunfo de López Obrador, que ha sido muy ambiguo respecto a que postura tomará sobre la reforma energética y las licitaciones petroleras."Las empresas interesadas ya tienen bloques en otro lados, ya plantaron bandera y ahora están viendo que es lo que pasa con las elecciones. Adquieren solo lo necesario. El negocio de petróleo es de largo plazo y van a tardar 6 años como mínimo en sacarlo. Lo que quieren ahora es registrar en los libros que tienen acceso a la reservas para sacarlas en el futuro", señaló Shields.

Lo interesante es que pese a la incertidumbre política, las inversiones no se detienen. Espejel explicó que más allá que luego de ganada un área se tarde seis años en sacar petróleo, el efecto sobre la compañía es inmediato."Lo que permite la tenencia de estas licencias a las empresas es la posibilidad de incluir los beneficios esperados por la producción de barriles como un activo en sus libros, lo que claramente aumenta el valor de su cotización en la bolsa", señaló el especialista.

Además, para el caso del Golfo de México existen dos poderosos estímulos que incitan a los grandes jugadores internacionales a participar de las licitaciones: Las condiciones geológicas y la infraestructura disponible. "Se trata de una cuenca de la que se tienen sólidos conocimientos geológicos gracias a que el lado de los Estados Unidos ha sido explotado. Este es, sin duda, uno de los drivers que atrae a las empresas a querer invertir. También el hecho de que exista infraestructura disponible, como oleoductos y gasoductos, ayuda a crear los incentivos necesarios", comentó Ríos Roca.

El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Cuartoscuro

"También se debe tener en cuenta que México es uno de los poco países que no ha tenido un gobierno socialista hasta ahora lo que a los ojos de las empresas es positivo. Claramente, su cercanía a los Estados Unidos se lo impide. Por ello cambiar las reglas del juego es algo poco probable sea quién sea el que gane las elecciones", agregó el especialista.

El lado problemático de los contratos

A pesar de los factores que hacen atractivo a México para invertir en el sector de hidrocarburos, existe un factor legal que ha puesto en vilo a muchas empresas y las has hecho vacilar a la hora de lanzarse al negocio de la explotación del petróleo.

Si bien los contratos son de licencia para la explotación del área adquirida a través del pago de regalías, las compañías no son dueñas de las reservas de hidrocarburos. Solamente pueden apropiarse del producto terminado mediante previo pago, es decir que únicamente pueden comprar el petróleo una vez que está en barriles.

Los contratos tienen una cláusula de rescisión administrativa que permite al gobierno terminarlos de forma unilateral sin indemnización. Ante un posible triunfo de AMLO, esa cláusula genera incertidumbre.

Esto es así ya que la Constitución mexicana dice que el Estado es el único propietario mientras los hidrocarburos estén constituidos en reservas. A su vez, esto es algo que se ve reflejado en la ley de hidrocarburos y se traslada a los contratos. El motivo que explica la presencia de dicho artículo es puramente político ya que, de esta forma, se pretende asegurar la soberanía energética. En este sentido, México es uno de los muy pocos países que tienen esta cláusula y la razón de ello se remonta a los tiempos de la nacionalización que tuvo lugar a finales de la década de 1930.

"Para el país es bueno que se conserven las reservas pero no lo es para las empresas ya que, debido a esto, los inversores lo piensan dos veces antes de venir. Esto está relacionado con la cláusula de rescisión administrativa la cual también está incluida en la ley de hidrocarburos y se traslada a los contratos de licencia", señaló Espejel en diálogo con LPO.

Precisamente, la rescisión administrativa consiste en una disposición que permite al gobierno cancelar el contrato en forma unilateral sin que medie indemnización alguna. Si bien la cláusula existe para asegurar que las empresas cumplan sus obligaciones, el gobierno puede aplicarla aunque no exista una causa justificada cuando a juicio de la autoridad las omisiones de las empresas puedan llevar al incumplimiento del contrato.

"Para las empresas esto representa un problema ya que existe un miedo a que no haya un trato justo y equitativo que las proteja de la política del país. Esto es particularmente relevante siendo este un año de elecciones y ante la posibilidad que AMLO pueda llegar a ganar. Además está del estatus de las negociaciones del TLCAN", Agregó Espejel.

En esta línea, la combinación de la propiedad de las reservas por parte del Estado sumada a ésta disposición, pone a las compañías privadas en una situación de vulnerabilidad ya que, de rescindirse el contrato de explotación, se quedarían con nada, algo que no sucede en otros países donde las reservas si les pertenecen. También se entiende porqué no pueden incluir como activos en sus balances a las reservas, poniendo las ganancias futuras en su lugar.

Tanto la cláusula mencionada como el artículo que declara al Estado Mexicano dueño de las reservas están aún vigente en la ley de hidrocarburos y, por ello, se aplica a los contratos de las licitaciones. Sin duda, el objetivo, como fue mencionado, constituye, asegurar la soberanía energética, la cual ha sido, históricamente, una tradición mexicana. Aun así, dado que a lo largo de la historia de México ha tenido lugar una liberalización gradual del mercado de hidrocarburos, habrá que esperar a ver qué ocurre en el largo plazo.

"Desde la expropiación en 1938, primero se permitió la participación privada en el down stream para luego abrir el mid stream. Finalmente con la reforma energética del 2013 se terminó liberalizando el up stream. La empresas petroleras hacen mucho "lobbying" así que habrá que esperar y ver qué ocurre en el futuro", finalizó Espejel.