Fuerzas Armadas
Análisis: expertos anticipan que la Ley de Seguridad Interior no podrá ser revertida
La Corte desechó las primeras impugnaciones a la norma en vigor. La victoria de Peña Nieto y el PRI.

Esta mañana la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a dar pistas sobre la conclusión de las impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior (LSI). El Máximo Tribunal desechó la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad que interpusieron la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro.

Pese a que ambos organismos argumentaron sobre una invasión de competencia y alertaron por un riesgo para los datos de quienes acuden a ellos a denunciar violaciones a sus derechos, no fue suficiente para que -en palabras del ministro Jorge Pardo Rebolledo- se admita el recurso: no pueden promover una acción de inconstitucionalidad a menos que sea "contra leyes expedidas por las legislaturas locales".

"No existe ningún supuesto que contemple la promoción de una controversia constitucional por parte de una comisión estatal de derechos humanos en contra de alguno de los Poderes de la Federación", refiere el acuerdo.

Con esto, ante el clima helado en el país, el Pleno de la Suprema Corte dejó ver el aumento de la temperatura por esta polémica legislación. Consultado por LPO, el abogado Luis Enrique Pereda ponderó como positivo que en un "ejercicio republicano" el Poder Judicial verifique el trabajo del Legislativo, sin embargo consideró improbable que la LSI sea revertida.

"Es altamente improbable que se tumbe la totalidad de la ley, como es altamente probable que se interpongan recursos contra ciertos artículos de la misma. Por el simple hecho de que es una ley vigente, ya fue publicada. Piensa que ninguno de quien acudió a la Corte impugnó la totalidad de la misma, sino sólo ciertos apartados", explicó el académico del ITAM.

Por ello, Pereda Trejo afirmó que lo que ocurre al interior del edificio en la esquina de Corregidora y Pino Suárez "no es un juego de todo o nada". "Pese a que el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad, aún no vence el periodo para impugnarla, quedan las controversias o incluso los amparos (contemplados en el artículo 105 constitucional). Pero presentar controversias o amparos no es sinónimo de ganarlos".

De ahí que la Suprema Corte, al mismo tiempo, admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el ayuntamiento de Parral de Hidalgo, Chihuahua.

Por otro lado, Pereda consideró un error que el presidente Enrique Peña Nieto "se hiciera a un lado" al no poner en práctica lo mandato por una ley vigente. "El presidente no tiene el derecho a congelar una ley, la cual no depende ni debe depender su ejercicio de la figura presidencial. Él está obligado a usar sus atribuciones", reprochó el itamita.

Aunque consideró como un "buena jugada política" el esperar a que la SCJN fallé sobre la Ley de Seguridad. En esto coincidió el politólogo de la UAM, Héctor Andrade, quien vio más allá de "un acto de pesos y contrapesos" que el Ejecutivo endosara la aplicación de la norma promulgada el 21 de diciembre al criterio del Máximo tribunal.

"Los Pinos consiguió lo que quería del PRI en el Congreso. Ahora resta justificar el inicio de las acciones militares de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública con una sentencia de la Suprema Corte en las manos", explicó el maestro en Ciencia Política.

Finalmente, ambos expertos coincidieron en que las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la República, del Inai o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cualquiera de los posibles escenarios, no afectarán sustancialmente la puesta en vigor de la LSI.

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