En agosto del año pasado el Congreso de Estados Unidos pasó con apoyo masivo -98 votos a favor, 2 en contra- una ley que impone una serie de sanciones al gobierno de Vladimir Putin y a las empresas que pretendan tener tratos comerciales con Rusia. Bajo el nombre de CAATSA, siglas que en inglés significan Confrontando a los Adversarios de América Mediante Sanciones, la legislación busca castigar a Irán, Corea del Norte, y de manera particular, a Rusia.

Además, la ley estipula que el presidente no podrá remover muchas de las sanciones que pesan sobre Rusia sin antes obtener la aprobación del Congreso. Por si no quedaba clara la preocupación del Congreso respecto a la relación Trump-Rusia, la ley también estipula que las sanciones deben ser impuestas a más tardar 180 días después de la promulgación. Se suponía que para el 1 de octubre la administración Trump debía presentar una lista de personas relacionadas con el Kremlin que serían sancionadas. La intención era congelar los dineros de los oligarcas aliados de Putin. Esto no ocurrió. El Departamento del Tesoro dijo entonces que la lista estaría lista para hoy, 29 de enero de 2018.

Nuevamente, la administración no cumplió con lo estipulado. El Departamento de Estado, encabezado por Rex Tillerson, emitió un comunicado en el que informa que "las sanciones sobre entidades e individuos específicos no necesitan ser impuestas pues la legislación, de hecho, está sirviendo para disuadir".

Es decir, el gobierno de Trump opina que no es necesario sancionar a los socios de Putin, pues la mera existencia de la ley es suficiente para que dejen de hacer negocios con el líder ruso.

Donald Trump ha rechazado desde finales de 2016 que Rusia haya influenciado de alguna manera la elección presidencial, a pesar de que es la conclusión a la llegaron las principales agencias de inteligencia norteamericanas.

Una vocera del Departamento de Estado, que desde la llegada de Tillerson se ha visto eviscerado de sus mandos altos y medios, aseguró que desde que la ley fue promulgada, gobiernos de diversos países han cancelado compras de armamento que tenían programadas con los rusos por varios miles de millones de dólares, sin necesidad de ser sancionados.

De acuerdo con una carta que Tillerson envió al presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea, el canciller aseguró que ya instruyó a todas las oficinas diplomáticas de Estados Unidos que informen a las naciones del mundo que "tenemos la intención de implementar robustamente la ley, que las transacciones que sean consideradas significativas serán sancionadas, y que vamos a revaluar donde sea necesario un alcance más especifico".

Mañana el presidente se presentará ante ambas cámaras del Congreso y los miembros de la Suprema Corte para presentar su primer informe de gobierno.