El tema central para este periodo ordinario en el Senado (dando por descontado que no se tratará ni la designación de Fiscal General ni la del Anticorrupción) es la confirmación de 18 magistrados para la Justicia Administrativa, o sea, jueces que tratarán directamente delitos por corrupción. 

Las designaciones circulan entre las comisiones de Justicia y Hacienda y en la primera, Emilio Gamboa ha puesto a operar a la senadora Ivonne Álvarez que por esta labor se estaría asegurando una diputación federal pluri.

Hace una semana, el coordinador del PRI se muestra más abocado a la cotidianidad legislativa en lugar de estar colaborando con la campaña presidencial de José Antonio Meade.

La propuesta de Peña Nieto incluye tres magistrados para la tercera sala y 15 para las cinco salas que integrarán el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que podrá imponer sanciones a servidores públicos y a particulares que participen en actos vinculados con hechos de corrupción.

Respecto a las sanciones para personas físicas o morales pueden ser: económica, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por daños y perjuicios a la Hacienda Pública, así como suspensión de actividades empresariales o disolución de la sociedad.

Gamboa espera poder negociar con Fernando Herrera de modo de cubrir estas vacantes que ni el PRI ni el PAN quisieran dejar para la próxima administración, especialmente si Morena sigue liderando en las encuestas.