El encuentro de gabinete en Los Pinos ayer lunes fue el escenario de un comentario inquietante para la próxima administración. La firma China Railway, que estuvo a cargo del Tren México-Querétaro, que quedó suspendido, habría iniciado una demanda contra el país por una cifra que ronda los 100 millones de dólares. El reclamo se interpuso en una junta de arbitraje en el exterior.

Se trata de un nuevo revés para Gerardo Ruiz Esparza porque desde hace meses el viene comentando en su oficina que los chinos no actuarían contra México y que estaban satisfechos con la indemnización que cobraron cuando la obra se cayó: 20 millones de dólares.

El problema sería, según se comenta en el entorno presidencial, que los chinos observan que su caso es más que ganable y por eso optaron por el camino del litigio. De tener la razón, será una pesada herencia para el próximo presidente.

La clave es el acuerdo bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado por ambos países el 11 de julio de 2008. Según las empresas asiáticas, los actos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) "constituyeron una expropiación a sus inversiones, debido a que resultaron ganadores de la licitación. Asimismo consideraron que las autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal".

La firma del contrato se canceló horas antes de la publicación del reportaje La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que documentó que el presidente y su familia vivían en una casa propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.