Las reuniones entre Javier Corral y Alfonso Navarrete Prida terminaron con una polémico acuerdo, que incluyó el pago de 900 millones de pesos para Chihuahua en una suerte de resarcimiento por no haber abonado la totalidad de los fondos comprometidos en 2017. Una primera lectura veloz daba cuenta de una supuesta victoria del gobernador.

Pero con el correr de las horas se fue conociendo algunos de las concesiones que el mandatario del PAN estaba dispuesto a hacer. Primero se supo que Alejandro Gutiérrez -el testigo clave que podía inculpar a Manlio Fabio Beltrones y Luis Videgaray por el presunto desvío de fondos desde Hacienda para campaña del PRI- fuera trasladado a un penal federal.

Los argumentos de la defensa de Alex Gutiérrez era que en la detención bajo control de autoridades de Chihuahua estaba siendo víctima de abusos de poder y tortura para declarar en contra de otros pesos pesados del PRI.

Lo cierto es que a escasos dos días de haber cumplido con el primer pago de 450 millones de pesos al Gobierno de Chihuahua -es decir, la mitad de los comprometido- la Justicia Federal resolvió atraer el caso de Gutiérrez, en un movimiento que abre espacio para la suspicacia.

En una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez federal Gerardo Moreno, consideró que el presunto delito implicaría el movimiento de recursos federal, por lo cual dio un plazo de cinco días a la Fiscalía de Chihuahua para que le entregue la carpeta de investigación, y copias de la cause penal 780/2017. Adelantó además que si la Fiscalía incumple, le impondrá una multa.

El fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, reclamó que el caso sí es competencia estatal: "Estamos analizando el contenido de la resolución. En principio, sostenemos que la competencia corresponde al Estado de Chihuahua por ser recursos que legalmente fueron transferidos al Estado".

"Vemos una resolución del juez muy forzada, débil en argumentos jurídicos, que a toda costa busca llevar la competencia a la federación", concluyó.