El jurista Juan Velásquez Evers aseguró que aquellos que critican la Ley de Seguridad Interior (LSI) es porque la desconocen, y ni siquiera se han dado la oportunidad de revisarla en su totalidad. Los comentarios del asesor aparecen cuando la polémica por dicha norma se encuentra ya en el máximo nivel de discusión en la Suprema Corte de Justicia.

Velásquez Evers ha sido abogado de los ex presidentes Luis Echeverría y José López Portillo. También defendió al ex comandante Alfonso Durazo en el llamado Pemexgate.

El reconocido litigante quien es asesor de la Fuerzas Armadas, dijo que él ha sido una de las personas que más ha promovido la Ley, no con la intensión de militarizar el país, como se ha dicho erróneamente, sino para deslindar responsabilidades sobre la seguridad pública en cada territorio donde haya altos índices de criminalidad.

"Se podrá decir que yo fui quien más la promovió, precisamente para que nuestras fuerzas armadas tengan más fuerza en su actuar, es una ley que ha sido absolutamente malinterpretada, criticada por montones de personas que ni siquiera la han leído, y es una mentira que pretenda la militarización del país, no es cierto eso, al contrario, pretende que las autoridades civiles se hagan responsables de la seguridad pública a través de las policías para que los militares puedan regresar a sus cuarteles", explicó en conversación con LPO.

Consideró que por parte de las autoridades civiles hay una actitud cómoda de dejar la seguridad a las Fuerzas Armadas y no hacerse responsables de las funciones y obligaciones constitucionales.

"De parte de las autoridades civiles hay una actitud comodina de no hacerse cargo de la seguridad pública para que sean los militares los que se hagan cargo, y como los militares se hacen cargo, entonces ya las autoridades civiles menos todavía se encargan" comentó.

Entrevistado en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que será el Máximo Tribunal quien defina sobre la constitucionalidad de la LSI impugnada en cinco acciones de inconstitucionalidad -una de ellas que ya desechada-- y tres controversias constitucionales.

"La supuesta inconstitucionalidad de la ley será ahora objeto de examen por parte de la Suprema Corte de Justicia para que determine si alguno de los artículos son constitucionales o no, pero en general la ley es necesaria para que regresen los militares a sus cuarteles y para que los civiles se hagan cargo de la seguridad pública.

Por ello, no descartó algún tipo de participación al momento que las autoridades convocadas entreguen sus informes justificados sobre las presuntas violaciones a los preceptos constitucionales.

"Tengo como mayor distinción ser asesor de las dos Secretarías, asesor de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Marina y del Ejército, y probablemente con esa calidad tendría yo alguna intervención para cabildear la legalidad de la ley".