El empresario mexicano Antonio del Valle -dueño de Mexichem-, junto a los accionistas de Banco Popular, llevaron el caso de la venta de esta institución a Santander ante los tribunales estadounidenses, en donde buscan que el banco español entregue los documentos para conocer los detalles de esta adquisición.

Lo anterior es clave para pelear se revierta la decisión que tomó el año pasado el regulador europeo de vender el Popular a Santander, eliminando la tenencia de los accionistas. De salir vencedores, recuperarían su dinero.

La estrategia es una demanda a Banco Santander ante un juzgado de Nueva York para reclamar los documentos secretos de la compra del Popular y además, del Valle llevó al gobierno español a un arbitraje internacional, bajo el argumento de que violó el Tratado de Protección de Inversiones entre España y México.

Recordemos que en junio de 2017 el Banco Popular español, entonces al borde de la quiebra, fue vendido a Santander por 1 euro simbólico en una operación efectuada en horas, y que implica pérdidas del 100% para sus accionistas, no obstante que los accionistas consideraban que aún podría ser solvente.

Además, acusa, que el gobierno español no proporcionó un trato justo y equitiativo y que la decisión del Banco de España de negarle a Banco Popular otros 6,000 millones de euros de líneas de liquidez de emergencia, que podrían haber afectado al prestamista hasta que se inyectara capital nuevo, también era perjudicial para los accionistas y otros inversores.

Sobre el regulador europeo, señalan que en los papeles de la Junta Única de Resolución de la Unión Europea, destaca el hecho de que aunque todo pareció precipitarse en la primera semana de junio, en realidad estaba decidido ya el 23 de mayo, antes de que se realizaran los análisis ahora publicados.

Indican que esta junta no tiene la capacidad para iniciar un procedimiento de este tipo sin luz verde por parte del Banco Central Europeo, que es quien determina el peligro de quiebra de un banco e insta a intervenir.

Otra sospecha que a juicio de los accionistas es evidente es que, además de decidir liquidar el banco y armar la argumentación legal después, tanto la JUR como el BCE consideraban ya con anterioridad venderlo a Banco Santander.

De este modo se explican el hecho de que el banco fuera intervenido a pesar de ser declarado solvente por la auditora y que la crisis que le llevó a su final fuera de liquidez, uno de los aspectos que Bruselas ha censurado en su último informe. Para los accionistas, la solvencia reconocida del Popular era un problema para los planes de la JUR y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), hasta el punto de que acabaron actuando al margen de lo que el informe del auditor avalaba.