Después de Barack Obama, el presidente argentino Mauricio Macri es, quizás, uno de los casos emblemáticos del uso de redes sociales y campañas digitales en elecciones. Es ejemplo para muchos consultores, y el propio Facebook lo reconoce como uno de los mandatarios con mayor presencia en su red.

Por eso, el escándalo de Cambridge Analytica también pegó de lleno en Argentina y, sobre todo, al PRO, el partido de gobierno, y por lejos el instituti político que tiene el más grande y profesional equipo de operación política sobre las redes sociales y en especial Facebook, plataforma sobre la que basa todas sus campañas.

Este impacto sobre Macri -como ocurre en México con Peña Nieto- tiene un agravante: en estos días también se conoció un informe de Amnistía internacional que confirma el uso de trolls en Twitter para hostigar a periodistas que publiquen información crítica del macrismo. Una vieja costumbre del macrismo, denunciada en su momento por LPO.

Se sabe que Alexander Nix, el fundador de Cambridge, es un fanático del Polo y por eso le atrae la Argentina. Allí también vendía la piedra filosofal de la nueva política: El acceso al algoritmo de Facebook que permite cuadricular la publicidad -positiva o negativa- manzana por manzana; además de ofrecer modelos "predictivos" de la evolución del voto.

Por el conocido rol de preponderancia que le da el PRO a Facebook, tanto en términos de pauta publicitaria como en el uso de la red social para las campañas electorales a través de una plataforma llamada "Movilización", en las redes y algunos medios asociaron directamente al partido de gobierno con Cambridge. Y recordaron que el gobierno de Macri se quedó con bases de datos completas de organismos oficiales como por ejemplo cuando firmó un convenio con la Anses en 2016.

Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Mauricio Macri.

Sin embargo, fuentes de la campaña de Macri señalaron que "es mentira" que hayan trabajado con Cambridge Analytica. Por el contrario, las fuentes señalaron que recibieron una oferta de la empresa pero no quisieron aceptarla porque Cambridge ofrece un paquete "llave en mano" mediante el que no revela el algoritmo que utiliza para conseguir los datos. Respecto del convenio con la Anses, explicaron que si bien la base de datos es muy amplia -de 44 millones de personas-, no está vinculada con los perfiles digitales de la gente y esa vinculación requiere un trabajo demasiado complejo.

En tanto que la Ciudad también quedó en la mira por la licitación que lanzó en septiembre del año pasado, por un monto cercano a 18 millones de pesos, para obtener servicios de big data para encontrar evasores de impuestos. Pero la licitación no figura como adjudicada en el Boletín Oficial.

Si es verdad que hubo contactos de la Ciudad con esta compañía, que llegó hasta a ofrecer acceso a bases de datos de WhatsApp, una herramienta no sólo ilegal sino que se desconocía que fuera posible tecnológicamente. La propuesta fue desechada.

Luego Cambridge Analytica quiso entrar en la campaña presidencial de Macri, pero no logró sortear el cerca de Jaime Durán Barba, que quiere concentrar el control último de ese tipo de contrataciones.

En todo caso, aún resta determinar si lo que hizo Cambridge en Argentina es ilegal, puesto que el uso de big data, como el de perfilar usuarios y predecir sus comportamientos no es necesariamente ilegal. Sí lo es acceder a información personal violando la ley de protección de datos personales, una ley que en Argentina es más restrictiva que en Estados Unidos.

Jaime Durán Barba, consultor electoral de Mauricio Macri.

El día después

En medio del escándalo internacional, el Gobierno de Mauricio Macri creó una unidad para la obtención de "big data". Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, se creó la "Unidad de Opinión Pública" dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña, y bajo la dirección de Mora Jozami, la histórica encuestadora del PRO.

Según el Gobierno, la unidad tendrá como función "conocer y analizar las demandas de la población, como insumo para el diseño y la implementación de las políticas públicas". Se trata de la creación de unidad dedicada a la elaboración de una fenomenal base de datos que estará a disposición del Gobierno. La sospecha, claro, es que esa enorme base de datos podría ser utilizada para influir en las elecciones y sin la necesidad de pagar los altísimos honorarios de Cambridge Analytica.

Justo la misma sospecha que la oposición tuvo en 2016, cuando Macri mediante una simple resolución le permitió a la Jefatura de Gabinete tener acceso a la base de datos de la Anses -el IMSS de Argentina-, que cuenta con información de todos los ciudadanos argentinos. El objetivo, según se dijo en ese momento, era promocionar las políticas públicas y hacer "el bien".

Ante esta situación, en la oposición ya piensan en judicializar la creación de esta unidad, según adelantaron a LPO desde el bloque de diputados del FPV. En su momento, la Justicia desechó las denuncias por el uso de datos de Anses.

Esta situación parece ampliar las sospechas de que el PRO está empezando a blanquear la incorporación en el Estado de todo su esquema político y de comunicación, una estructura cada vez mayor y más difícil de costear para un partido.