Apenas unas semanas atrás, LPO anticipó que en war room de Alejandra Barrales tenían una certeza: la pelea por el segundo lugar en la elección presidencial tendría un impacto directo en la campaña capitalina. Por eso, esperaban que la PGR operara del mismo modo que lo hizo con Ricardo Anaya. 

Esa teoría se convirtió en certeza cuando Mikel Arriola anunció que presentaría una denuncia ante la Procuraduría por inconsistencias la declaración patrimonial de Barrales. Según el postulante del PRI, sus ingresos históricos no pueden justificar sus bienes. 

Como sea, apenas unas semanas después, Arriola presentó una presunta casa que no estaría declarada en la 3de3 de Barrales. Una propiedad en la delegación Iztacalco que según el PRI tendría un valor cercano a los 27 millones de pesos.

La ex azafata respondió que ese inmueble sí había pertenecido a su familia, pero que en rigor ya se había vendido en 2002 por poco más de un millón de pesos. "Son las fantasías de Mikel", respondió una Barrales serena en el programa de Ciro Gómez Leyva.

Mientras tanto, el bunker de Arriola preparaba una conferencia de prensa para presentar una serie de documentos que -en sus propias palabras- contradicen la defensa de Barrales. "Miente, sigue siendo propietaria", denunció Patricio Caso, coordinador general de la campaña tricolor en la Ciudad.

Según Caso, los documentos que se encuentran en el Registro de la Propiedad marcan que sigue siendo un inmueble de Barrales, en rigor un 25%, pues el resto sería de la hermana (otro 25%) y de la madre (50%). "Eso se puede desprender de la carátula del folio real de la propiedad", mostró Caso.

"Ella dice que lo vendieron en 2002, pero eso es inconsistente con la verdad jurídica, que dice que en varios puntos se ha presentado -ante diversos organismos y juzgados- desde 2010 hasta 2017 como propietaria del inmueble ante autoridades", agregó.

Mostraron documentos en donde, por ejemplo, un juzgado aceptaba en 2010 una solicitud de embargo sobre el 25% que le correspondería a Barrales. "Es imposible que la autoridad judicial ordene un embargo sobre bienes que no son de los acusados", abundó el coordinador de Arriola.

"Pero no fue la única vez. El 3 de marzo de 2017, Alejandra barrales en facultad de copropietaria, solicitó al juzgado que deje sin efectos el embargo, es decir, ella misma se ostenta como propietaria", expusieron.

Frente a esta situación, en el war room de Arriola no descartan presentar otra denuncia penal, esta vez por el posible delito de "falsedad ante autoridades", porque si la casa efectivamente fue vendida -que se podría demostrar con un contrato entre privado-, no se explicaría por qué todavía ese movimiento no figura en los documentos públicos.

"No le voy a hacer la campaña al que está perdiendo", fue la respuesta tajante de Barrales, que prefiere contrastar sus propuestas con Sheinbaum y evitar enredarse con Arriola, que efectivamente la sigue por detrás en la encuestas.