La filial de la compañía brasileña Odebrecht México dijo que rechaza categóricamente las consideraciones de la SFP y que impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas sanciones.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) le aplicó el miércoles pasado sanciones económicas por mil millones de pesos en contra de diversas subsidiarias y funcionarios.

A través de un comunicado, la firma expuso que dichas sanciones administrativas son totalmente "infundadas e improcedentes"; además de que "violan los derechos fundamentales y tergiversan los hechos de los contratos celebrados entre Odebrecht México y Pemex Transformación Industrial".

La compañía argumentó en el comunicado que desde 2017 formalizó su intención de colaborar con las autoridades de distintos países, incluido México, con el fin de aclarar los hechos relacionados con los procesos de colaboración seguidos ante el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero que la SFP decidió rechazar la solicitud de cooperación de por considerar que no existían "elementos de juicio o de convicción suficientes que permitieran presumir una probable infracción a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas".

Además, reiteró su compromiso y disposición de seguir colaborando con las autoridades mexicanas competentes, en un ámbito de cooperación conforme a las leyes nacionales e internacionales.