ROMÁN MEYER
"¿Por qué una persona pobre no puede acceder a una vivienda en la colonia Roma?"
El nominado de AMLO para la Sedatu promete un cambio en la política de viviendas de interés social.

Román Meyer es, junto a Luisa Alcalde, de los más jóvenes que integrarán el eventual Gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Arquitecto por el TEC y maestro en Gestión Urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña, promete un nuevo reordenamiento territorial para que los sectores más vulnerables no tengan que vivir en las periferias, siempre inseguras y alejadas de los centros de trabajo.

En entrevista con LPO, Meyer explicó cómo se coordinarán con gobernadores y alcaldes para garantizar mejores viviendas de interés sociales, además de brindar mejores servicios de movilidad y detener las expansiones de zonas metropolitanas que complicar también a la seguridad pública.

El eventual Gabinete de AMLO ya presentó sus objetivos para lo que serían los primeros 180 días de Gobierno. ¿Qué plantea la Sedatu?

La Sedatu fue conformada hace no mucho tiempo, en el 2012, casi en conjunto con la Ley de Asentamientos Urbanos, que es la que otorga las funciones a la Secretaría. A grandes rasgos es un trabajo de coordinación en materia de planeación con estados y municipios en temas territoriales, y sobre todo en la política de viviendas. Ahí es donde vemos la gran oportunidad con la finalidad de reestructurar ese tema.

Encontramos una gran expansión de las áreas urbanas, en las periferias, muy lejos de los centros de trabajos, a veces incluso sin infraestructura para los servicios, espacios públicos y movilidad. Ese es el gran fracaso.

Desde hace varias semanas concluimos un diagnóstico general sobre la situación. Hemos encontrado que desde el 2000 a la fecha, la política ha sido la colocación masiva de créditos hipotecarios. Estamos de acuerdo en eso, pero nos encontramos un gran problema que es la falta de control en la colocación de esos créditos, en términos de dónde se construía con esos créditos.

Encontramos una gran expansión de las áreas urbanas, en las periferias, muy lejos de los centros de trabajos, a veces incluso sin infraestructura para los servicios, espacios públicos y movilidad. Estamos encontrando en las zonas metropolitanas -son 73 en total- muchas periferias con viviendas de interés social están desconectadas, asiladas. Ese es el gran fracaso. 

No solo debemos pensar en cómo detonar el crédito, cosa que se hizo con buenos resultados, también hay que pensar en la seguridad pública, en la movilidad y otros factor sociales muy importantes. La planeación territorial es también una estrategia de seguridad pública.

Algunos urbanista explican los problemas espaciales de las viviendas según las clases sociales. En Latinoamérica suele ocurrir que los centros históricos están ocupados por sectores populares, luego un anillo de barrios pudientes y en las periferias más alejadas de nuevo sectores muy vulnerables. ¿Cómo se hace para rediseñar ese mapa? ¿Es posible en una ciudad con estos niveles de desarrollo inmobiliario?

Para nosotros una de las soluciones tiene que ser un estado federal fuerte, con capacidad de poner incentivos a los gobiernos estatales y municipales. Porque recordemos que el artículo 115 constitucional marca que los municipios tienen autonomía sobre la decisión territorial. ¿Cuál es la función de la Sedatu? Pues, establecer un pacto general, una política nacional.

Estos océanos de informalidad son áreas donde el estado es muy débil, no hay presencia de las autoridades y con ausencia de infraestructura de servicios, te dan el escenario perfecto para que el crimen organizado pueda florecer mucho mejor.

Es un tema difícil. La gran oportunidad que vemos es ejercer mejores atribuciones en la política de suelo. Y en todo el país. Darles las herramientas para tratar esas inequidades territoriales. ¿Por qué una persona pobre no puede acceder a una vivienda en la colonia Roma de la Ciudad de México? Básicamente por el suelo. Si el suelo costara lo mismo que en las periferias, tendríamos vivienda social.

Hoy en día no hay exigencias sobre las autoridades locales para cumplir un porcentaje de construcción de viviendas de interés social en cada área urbana, como en otros países sí existe. Vemos una oportunidad en ese sentido: una política de suelo más robusta, y así poder construir viviendas sociales en las zonas más céntricas de las áreas urbanas.

¿Y eso cómo se regula? ¿Por ley? ¿Y si los municipios se oponen?

Es un tema que les compete a las autoridades estatales y municipales. Lo que digo es que tenemos que conformar mecanismos a nivel federal para que esas autoridades tengan la capacidad de ofertar suelo interurbanos, bien localizado. Y ahí podamos construir vivienda social.

En estos últimos años no se aplicó esta idea, y se dejó que el mercado defina qué y cómo construir viviendas sociales. Por eso se construyeron en zonas en donde el suelo no tiene ningún valor: a dos o tres horas de los centros de trabajo. Y eso no es sólo un tema de equidad, sino también se seguridad.

¿Por qué?

Porque estos océanos de informalidad son áreas donde el estado es muy débil, no hay presencia de las autoridades y con ausencia de infraestructura de servicios, te dan el escenario perfecto para que el crimen organizado pueda florecer mucho mejor.

El espacio público es clave. Es un elemento central para la inclusión. Tenemos que poner la batería sobre esas zonas. Sabiendo que es un proceso a largo plazo. Las inversiones en espacio público tienen que intentar nivelar esas distancias. Es decir, que las grandes inversiones no vayan a lugares donde ya hay grandes plusvalías, sino todo lo contrario.

Es decir, que haya parques como La Mexicana de Santa Fe, pero en zonas más pobres...

La Mexicana es un parque que está en una sección de edificios de alta plusvalía, en medio de Santa Fe. Yo no critico que se haya construido. De hecho me parece perfecto. Pero digamos que necesitamos esos mismos espacios de nivel en lugares como Iztapalapa o Neza.

La Mexicana es un parque que está en una sección de edificios de alta plusvalía. Yo no critico que se haya construido La Mexicana. De hecho me parece perfecto. Pero digamos que necesitamos que esos mismos espacios de nivel en lugares como Iztapalapa, Naucalpan o Neza.

Un poco la experiencia de Medellín, ¿no?

Cada ciudad debe asumir el rol de cómo posicionarse. En el caso de Medellín creo que ha sido exitoso porque también han sabido cómo posicionar a la ciudad, cómo se han reinventado y cómo han invertido en capital humano. En ese sentido, nosotros tenemos que apoyar a los municipios a que tengan sus propios cuerpos técnicos para hacer esta planeación. La gran mayoría hoy no tienen esos equipos.

Otro debate es el incentivo a la "convivencia" de diferentes segmentos de la sociedad en el transporte público. En ciudades como CDMX que tiene niveles de uso de automóviles altísimos, ¿cómo gestionar ese objetivo?

Es cierto que la distribución del sistema de transporte está concentrada. En muchos espacios sigue siendo muy carente. La red del metro está concentrada en la zona centro. En el norte y el sur de la ciudad no está presente en la misma magnitud y quizás por la densidad de su población tampoco sería conveniente detonar ese tipo de inversión.

Nuestra noción es, en la medida de lo posible, poder apoyar a gobiernos estatales y municipales para incentivar una reorganización del suelo con la finalidad también de garantizar una red eficiente de transporte. Por supuesto, no todo puede ser metro o VRT. Tenemos que hacer sistemas que respondan a las necesidades locales. No es lo mismo la Ciudad de México que Pachuca.

¿Y sobre el tema ambiental ya fijaron postura?

Es un tema central. Nosotros queremos debatir en dónde no se debe construir: manglares, acuíferos, selvas, cañadas... De hecho, diría que una buena política urbana empieza estableciendo en dónde no se debe construir. Y luego sí ponernos de acuerdo cómo construimos en las zonas permitidas.

Las cifras que dio Rosario Robles sobre la reconstrucción tras el sismo son contradictorias. Hasta el mes pasado pasado habían dicho que ya tenían cerca de mil viviendas terminadas. Si hablamos de afectaciones de hasta 120 mil viviendas, pues es un resultado muy marginal.

Un tema que heredarían sería el gran problema de construir vivienda para miles de familias que se quedaron sin hogar después de los sismos de septiembre de 2017. ¿Qué evaluación hacen del programa de construcción que ya inició Rosario Robles?

El primer problema que nos topamos es que no tenemos la información oficial. La que hay es carente, las cifras que dan son contradictorias. Hasta el mes pasado pasado habían dicho que ya tenían cerca de mil viviendas terminadas. Si hablamos de afectaciones de hasta 120 mil viviendas por el sismo, pues es un resultado muy marginal.

El conflicto en este punto es que tenemos un sistema de protección civil que está diseñado de forma reactiva, no con planeación de riesgo. Tenemos que replantearnos eso, porque no nos está funcionando. La ciudadanía responde con mucha motivación para ayudar, pero no tenemos protocolos para que todos sepamos qué hacer. Los chilenos, por ejemplo, tienen una capacidad mayor de gestión integral de sus riesgos antes sismos. Eso hay que debatirlo y ahí también es clave la decisión de dónde construir y dónde no.

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