Aunque no se diga de forma pública, en ambos sectores ya se empezó a analizar la eventual transición que se abrirá después del 1 de julio. Las encuestas marcan un escenario casi irreversible, y como relató en exclusiva LPO, hasta Enrique Peña Nieto conversó con su equipo sobre los trabajos de entrega-recepción.

El Presidente quiere que José Antonio González Anaya lidere ese período de pláticas con los eventuales sucesores, aunque Andrés Manuel López Obrador no vería con malos ojos que -aunque sea de forma oficiosa- el puente se tienda con Roberto Campa, un priista que respeta desde que lo defendió en el famoso proceso del desafuero.

Como sea, un dato parece ineludible: las negociaciones que se plantean por estos días en un tema clave, la designación de los dos ministros de la Suprema Corte que se harán al filo del cambio de gobierno. José Ramón Cossío Díaz se irá en octubre, ya con el nuevo Senado conformado, pero aun bajo el mandato de Peña Nieto. Margarita Luna Ramos en febrero, ya en la próxima gestión

Con este escenario, la idea que ambos sectores aceptan es la designación salomónica de dos magistrados, es decir una propuesta de cada grupo. En un primer momento, desde Los Pinos se ilusionaron con la posible nominación de Raúl Cervantes, un hombre querido por un ala morena.

Las palabras que tuvo Yeidckol Polevnsky en un programa televisivo agitaron todavía más esa fantasía. Pero tuvieron también un efecto contrario en AMLO y otros grupos de su entorno, que pidieron un veto automático para ex procurador EPN. Lógica pura, cuando la nueva estrategia de Jorge Castañeda es instalar la idea de un pacto oscuro entre el tabasqueño y el Presidente.

A través de uno de sus operadores, AMLO ya envío un nuevo mensaje: pidió que la nominación de los dos nuevos ministros respondan a equilibrar la presencia de mujeres en el máximo gabinete. Claro, con la salida de Luna Ramos quedaría una sola mujer: Norma Lucía Piña Hernández. Un veto elegante a Cervantes.