Finalizada la campaña presidencial, hoy jueves se iniciaron una serie de gestiones al interior del PRI para que se organice una Asamblea en la semana del 23 de julio. El destinatario es René Juárez que fue contactado por gobernadores, candidatos a alcaldías y al Senado. El planteo es urgente y le reclaman al actual dirigente no esperar a la asunción de los nuevos diputados y senadores.

El tema flota en el aire y la gran inquietud de Juárez es cómo lograr que la Asamblea no se salga de control. "Autocrítica si pero autodestrucción no", es la máxima que maneja el dirigente conciente de que una cosa es cambiar de rumbo y de caras pero otra muy distinta es escuchar durante tres días discursos incendiarios con tópicos como Odebrecht, Casa Blanca o Ayotzinapa.  El gran riesgo es que en al afán por destruir al grupo del Edomex el partido también termine carbonizado ante la imagen pública.

Juárez, aunque nunca lo dirá en voz alta, tiene la intención de continuar al frente del tricolor. Cree ser el más indicado para una transición que tenga por primer destino una renovación de conceptos e ideas. El PRI, entiende, debe volver a ser un partido que logre combinar un mensaje de desarrollo económico con responsabilidad social. Asumir que una macroeconomía sana ya no puede ser argumento para que 50 millones de mexicanos vivan en la pobreza.

Más allá de estas tribulaciones conceptuales, la urgencia por la Asamblea se explica además por la motivación de que las figuras ligadas a esta administración que asuman en el Congreso queden en posiciones periféricas. Enrique Ochoa, Fernando Galindo, Enrique Miranda Nava, Vannesa Rubio son los primeros apuntados.

El pragmatismo del calendario se empata además con la noción de que el PAN también cambiará de dirigencia tras la elección del domingo y resulta elemental que el PRI tenga una conducción con capacidad de lograr acuerdos con los panistas para de ese modo asegurar contrapesos institucionales.