"La violencia no se combate con más violencia". De este modo, Olga Sánchez Cordero habló hoy del proceso de pacificación del país a través de lo que llamó una "justicia transicional", según lo prometido por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña.

En voz de Alfonso Durazo, eventual secretario de Seguridad Pública, el equipo de seguridad explicó el "plan de pacificación", el cual se compondrá de "10 ejes estratégicos que integrarán el Proyecto de Seguridad". "Nueve líneas o medidas adicionales al Plan de Pacificación, acompañarán el Proyecto de Seguridad", añadió Durazo Montaño.

De acuerdo con ambos políticos, habrá una consulta antes de redactar el proyecto de ley y una consulta después. En los dos momentos, serán las víctimas de la delincuencia, expertos en materia de seguridad y derechos humanos, la sociedad civil y organizaciones internacionales, quienes participarán de los foros de escucha, de la plataforma digital y de las brigadas de difusión.

No obstante, Durazo aclaró que es incorrecto hablar de una amnistía, a secas. "Debemos de hablar de una Ley de Amnistía; de lo contrario parece que se está hablando que el presidente tiene algún tipo de facultad, pero el presidente no tiene la facultad de amnistía, lo que sí puede hacer de acuerdo con la Constitución es presentar iniciativas de ley".

Entonces, sentenció: "La última palabra la tendrá el Congreso de la Unión". Todo esto con el propósito de llevar a cabo una "Consulta hacia el pacto de Pacificación Nacional", como lo bautizó la asesora en Derechos Humanos, Loretta Ortiz, a cuya primera fase de las prioridades del proyecto de seguridad de AMLO la delimitó de la siguiente: "Transformar a una sociedad violenta en una sociedad pacífica". 

"¿Quiénes serán consultados para la Ley de Amnistía? Víctimas de crímenes como desaparición forzada, ejecuciones, feminicidios, trata, tráfico de migrantes, secuestros y delitos contra la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión", subrayó Ortiz Ahlf, y puntualizó que además serán consultados niños y niñas víctimas de trata, y migrantes, quienes forman parte de un "sector vulnerable de la población".

"Lo que está de por medio es garantizar el derecho a la paz y la seguridad y las primeras convocadas serán las víctimas", detalló Ortiz, por lo que se abarcará a los lugares más violentos del país, "a los más afectados por la violencia", no divididos en estados sino en regiones, aunque estas regiones podrán integrarse por varias entidades.

"Los trabajos van a empezar ya", dijo la asesora. "El presidente electo nos pidió lanzar esta convocatoria a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de la Defensa". Y concluyó repitiendo tres veces y enfáticamente: "La Ley de Amnistía no significa impunidad". Para así combatir la idea que los equipos de campaña del PRI y el Frente esparcieron en medios.

Por último, el senador Zoé Robledo añadió que ni la "extinción de dominio", ni la "legalizar ciertas drogas", "nada quedará fuera del análisis para la propuesta" para "encontrar en la reconciliación nacional" la solución a las "violaciones de derechos humanos". Y adelantó que Manuel Mondragón y Kalb se sumará como asesor en materia de seguridad al equipo.