Andrés Manuel López Obrador dijo que en agosto dará a conocer más detalles sobre el plan energético que regirá en el próximo Gobierno y que incluye planes controversiales como la construcción de dos nuevas refinerías. Será un proyecto que no pasará inadvertido por las calificadoras, pues ya advirtieron que será clave para definir su posición sobre el país.

Hasta ahora sabemos que la propuesta en esta materia gravita sobre tres ejes primordiales: congelamiento de los precios de las gasolinas, la construcción de dos refinerías -clave para el primer punto- y la revisión de los contratos petroleros signados durante las subastas petroleras.

De acuerdo con Rocío Nahle, quien encabeza los proyectos de este sector, las dos nuevas refinería se ubicarán en Atasa, Campeche y Tabasco. Pero también se modernizarán las seis que ya existen en el país. Ello acompañado de la promoción del aumento en la capacidad de producción de Pemex y el impulso de refinerías biodisel.

Así, este ambicioso plan promete que para la mitad del sexenio se deje de comprar gasolina en el extranjero y con ello, se apuntala a tener un impacto en el costo que pagamos por las gasolinas, que ahora se mueve conforme a los precios del mercado, aunque sigue de alguna manera controlada por el Gobierno, por el subsidio fiscal al IEPS por parte de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Pero las principales calificadoras como Moody's o Standard and Poor's, tienen un especial interés en esta parte del gobierno de López Obrador y ya advirtieron que será un factor clave para las decisiones que tomen en el futuro sobre la perspectiva que tienen respecto del país. Por el momento, ambas la han mantenido en Estable.

En el caso de la Standard and Poor's, sus analistas explicaron en su último reporte -en el que también descartan una política antimercados por parte de la administración de AMLO-, que el desarrollo del sector energético tendrá un impacto sobre el crecimiento del PIB y por tanto, advirtieron que tendrá "un impacto importante de largo plazo sobre la economía y potencialmente sobre nuestra calificación crediticia". Ello, incluye el rol de Pemex.

Pero con más detalle, Moody's, ahondó en sus preocupaciones, pues por el momento, consideran que los tres ejes primordiales de esta política energética del tabasqueño "perjudicarían a Pemex y a la industria local de petróleo y gas, tanto en el corto como en el largo plazo".

¿De qué manera? En el caso del control de precios de los combustibles, alerta que podría generar pérdidas para las operaciones de refinería y marketing de Pemex, "especialmente si aumentan los precios internacionales del crudo o si el peso se debilita frente al dólar estadounidense".

Rocío Nahle

Cuartoscuro

En cuanto a las refinerías también representa un riesgo para la petrolera. Un temor latente es que, como ha pasado en otras latitudes, ocurran excesos que puedan aumentar los costos de construcción en un 50%, lo que implicaría una inversión de hasta $ 24 mil millones.

Una constante pregunta es, ¿de dónde vendría esa inversión? Como explicó su analista, Nyma Almeida a LPO, la salud financiera de la petrolera mexicana que dirige Carlos Treviño no posibilita que los recursos provengan de ella.

"Pemex tiene solo una capacidad limitada para invertir incluso en el negocio de Exploración y Producción, que desde nuestro punto de vista es el más rentable, gastando solo un promedio de $ 4.9 mil millones anuales en 2016-17", explicó.

Pero si esta inversión viniera de privados, también es un riesgo, pues duda que pueda existir suficiente interés por el nivel de rentabilidad del proyecto y porque, asegura, el mercado ahora está prefiriendo las fuentes de energía renovables.

El otro factor, el de los contratos, la calificadora confía en la transparencia del proceso de las licitaciones en las pasadas rondas petroleras. "Es poco probable que la nueva administración encuentre algo que justifique la cancelación de los acuerdos". Sin embargo, preocupa que con la revisión se pospongan o detengan próximas subastas, lo que afectaría a Pemex, que dependen de sus socios para el desarrollo de proyectos.

"Si Pemex requiere de recursos es probable que acuda al Estado y ahí es donde habrá que ver el nivel de interferencia. Eso podría afectar nuestra calificación", explicó Almeida.