Los estímulos fiscales que el Gobierno ha implementado en el precio de las gasolinas preocupan a la agencia internacional Moody's, que advierte que puede convertirse en un riesgo crediticio pues éste ha ido en ascenso conforme se encarece el crudo a nivel internacional.

Ante la promesa de Enrique Peña Nieto de no realizar más gasolinazos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta administración optó por aplicar un estímulo fiscal que pudiera suavizar el aumento de los precios, práctica que si bien evitó un estallido social, ha tenido su costo en el lado de las finanzas.

En mayo, la dependencia que hoy comanda José Antonio González Anaya aumentó incrementos de hasta el 70% en este subsidio a la par de la recuperación en los precios del barril de petróleo. Y puntualmente, a la calificadora le llamó la atención el anuncio que se hizo el 29 de junio sobre un incremento en todo el año de 43%.

Para los analistas, estas decisiones van a tener su impacto en términos crediticios para los estados y municipios: "Limitará el crecimiento de las transferencias federales no etiquetadas o participaciones, que se componen de varios impuestos federales que incluyen el IEPS a la gasolina y son una de las principales fuentes de ingresos de los gobiernos regionales y locales", señaló en un reporte.

Para entender el impacto, la agencia neoyorquina expone que durante los primeros cinco meses de 2018, los ingresos del IEPS a gasolinas que se distribuyeron a los estados a través de las participaciones tuvieron una caída de alrededor del 8% en comparación con 2017.

Como resultado, los ingresos del IEPS disminuyeron a 3.7% de los ingresos totales en el Fondo General de Participaciones durante el período, con respecto a 4.2% del año anterior. Hay que considerar que estos crecieron solo el 4% en el período que va de enero a mayo, un crecimiento mucho menor que el incremento del 11% observado en 2017.

Los ingresos totales en el Fondo General de Participaciones crecieron solo el 4% en el período que va de enero a mayo, un crecimiento mucho menor que el incremento del 11% observado en 2017, debido a una combinación de menores ingresos del IEPS y otros factores, incluida una desaceleración de las cobranzas del impuesto sobre la renta.

Preocupa pues las participaciones representan alrededor de un tercio de los ingresos totales en promedio de los estados mexicanos, por lo que un menor crecimiento influirá sobre los resultados financieros y posiblemente incrementará las presiones de liquidez en el sector.

En una estimación de la calificadora, este 2018 las necesidades de financiamiento tendrán un ligero aumento en sus necesidades de financiamiento, lo que provocará déficits financieros, significando una caída de 15% de los ingresos totales. Recuerda en ese sentido que la liquidez sigue siendo un desafío en los ingresos de los gobiernos locales y regionales, que complica aún más esta política de suavizar los precios.

La promesa del actual Gobierno fue la de no tener precios de gasolinas por arriba de los 20 pesos, niveles que parecían cercanos en junio, dejando claro que este estímulo seguiría siendo aplicado por González Anaya. Y para el próximo gobierno, también promete que no habrá cambios abruptos en los costos, al menos no por arriba de la inflación, en términos reales.